Publicado: 28-08-2011  

Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.

Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.

"Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra", dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.

Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados.

La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura. También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción, es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.

Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.

El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: "La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros".

Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los `90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones.

En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.

Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado.

Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo. Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. "Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización", dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. "Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros".

La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que "hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora. Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras".

El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.