De María dijo que "estaba esperando" los amparos judiciales

La legisladora oficialista Verónica De María respondió con una actitud desafiante al poder judicial y los organismos de control, desde donde se presentaron recursos de amparo contra la ley de presupuesto. Aseguró que "los estaba esperando" y que no pueden pretender ganar 35 mil pesos "como el CEO de Coca-Cola". Admitió que fue la Legislatura la que decidió reducir el presupuesto elevado por el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, aunque prefirió usar el término "modificación". Según la parlamentaria, era necesario poner "los pies en la tierra" frente a ingresos excesivos de algunos sectores que perdieron "el punto de contacto con la realidad" y que ahora "tendrán que esperar" a que la gobernadora alcance sus niveles para cobrar aumento. Por si era poco, le recordó a la Justicia que por recaudación propia apenas cubre el 10 por ciento de sus gastos, mientras "las arcas de la provincia de Tierra del Fuego" le proveen el 90 por ciento restante.

Río Grande.- La legisladora Verónica De María alzó la voz en nombre del bloque oficialista para reconocer que el presupuesto del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas fueron "modificados" por la Legislatura.

Optó por utilizar ese término en lugar de la reducción que se cuestiona desde sectores sindicales que ya avanzaron con recursos de amparo, como también lo hizo la Fiscalía de Estado con un fallo favorable que dispone no innovar hasta resolver el conflicto.

En una entrevista realizada ayer por Radio Fundación Austral, la parlamentaria arista dijo que "es una modificación precisamente" y que "no se trata de un recorte" lo que se trató en la sesión del 28 de diciembre pasado.

Asumió toda la responsabilidad como integrante de la Legislatura de haber "modificado" el presupuesto que elevara la justicia y el tribunal de cuentas al Poder Ejecutivo, puesto que para el caso de la Justicia está vedado el veto, en función de la independencia de poderes y las facultades que le otorga la Constitución para diseñar su presupuesto.

"Lo que tratamos tenía los cálculos de cada una de las áreas, poderes, organismos, entes, que constaba en el proyecto. Lo que hicimos y tenemos dentro de nuestras facultades, es destinar dentro de los recursos disponibles, la asignación del gasto, porque esto es nuestra facultad", subrayó.

Insistió en "no hablar de recorte" sino "en todo caso hablar de cuáles eran las expectativas de cada uno de estos poderes y organismos, cómo lo elevó el Ejecutivo y qué consideró la Legislatura".

Precisó que "el Poder Judicial había presentado un presupuesto al Ejecutivo, que no tiene facultad de vetarlo, por lo tanto de ese modo lo elevó a la Legislatura, y contenía un aumento considerable, alrededor del 75 por ciento. El Tribunal de Cuentas duplicaba su presupuesto, de aproximadamente once millones a veintidós. El presupuesto fue aprobado por 14 legisladores de 15, es decir por la gran mayoría, y desde nuestro bloque mantenemos la necesidad de redistribuir. Cuando uno trata el presupuesto, no trata el presupuesto de gastos sino la estimación de recursos, por lo tanto más allá de las estimaciones, los deseos o lo lindo que sería para cada uno de los poderes o los entes, tenemos que basarnos en la realidad", contrapuso.

Lo que no mencionó la legisladora fue que, tras dos años de reconducción y con el aumento de ingresos que se vino dando, hubo un aumento generalizado del 80 por ciento respecto del presupuesto 2007, por lo cual todos los organismos de la administración pública hicieron cálculos sobre ese porcentaje.

Para la legisladora solamente podría aumentarse el dinero para los organismos y la justicia, si se dan ingresos extraordinarios y si así lo evalúa la Legislatura: "Si entran recursos extraordinarios a la provincia, será facultad del Poder Legislativo evaluarlo en el marco de la reformulación del presupuesto que nos reenviaría el Ejecutivo, reasignar y distribuir esos ingresos, pero no estamos recortando nada. No estamos recortándole a ningún poder ni a ningún organismo. Es simplemente que esa estimación de duplicar el presupuesto este año no se puede hacer".

Por otra parte negó que haya sido significativo el aumento del presupuesto de la administración central: "Si se ha estimado algún aumento de presupuesto es mínimo, por crecimiento vegetativo, por incorporación de personal, pero tampoco se les están quitando recursos. El Poder Judicial particularmente tiene además la posibilidad de recursos propios y la Legislatura le adecuó la posibilidad de ir actualizando las tasas judiciales. Con eso cubre un diez por ciento de su presupuesto, y hay un 90 por ciento que lo pone el Ejecutivo de las arcas públicas de la provincia de Tierra del Fuego", enfatizó.

De María continuó haciendo referencia al tope salarial que incluye la ley de presupuesto, y agregó que "hay sueldos de treinta mil pesos (en la Justicia) por supuesto no de empleados rasos, pero sí promedios que superan los 16 mil pesos o los 14 mil pesos. Me parece que estamos perdiendo el punto de contacto con la realidad", consideró.

Respecto del aumento del 80 por ciento que tuvieron en general todas las dependencias, comparado con los niveles del presupuesto 2007 que se venía reconduciendo, lo enmarco en una forma de lectura de la decisión legislativa. "Nosotros aprobamos el presupuesto 2010 después de dos años de reconducir. Estos dos años fueron significando también algún intento de negociación colectiva y la posibilidad de ir adecuando algunas erogaciones. Nosotros no dijimos "a este área se le dio un 80 por ciento, entonces el 80 por ciento es para todos". No todos tienen el mismo punto de partida. No sé qué extraños análisis han ido haciendo como para medir de esta manera. Es una forma de medir para mí equivocada. Cada uno razona desde el lugar que quiere y que puede", denostó.

Asimismo, dijo que "el tope salarial significa un ordenamiento definitivo que estaba pendiente. Dentro de ese punto ya tenés un límite. Nadie va a cobrar menos de lo que cobra ahora, pero sí por supuesto habrá que esperar y equilibrar", señaló a partir de que, hasta que la gobernadora no llegue a los niveles que cobra la justicia o el tribunal de cuentas, no podrán tener aumentos.

La legisladora se mostró inmutable frente a los amparos, confiada en la constitucionalidad de la ley. Es más, dijo estar esperándolos: "Esto era de esperar, por supuesto para nosotros no es inconstitucional, de hecho se evaluó la posibilidad de no estar cercenando ningún derecho adquirido, como sí ocurrió en algún otro momento en la historia de Tierra del Fuego".

"Era muy importante reglamentar esta manda constitucional porque no figura porque sí", dijo del tope que plantea el artículo 73, y agregó que "a nuestro juicio es un principio estricto de justicia. Si el gobernador gana 15 mil y en otros poderes ganan como el CEO de Coca-Cola Internacional, 35 mil, 33 mil, uno se pregunta por qué no gana eso la gobernadora, que tiene el enorme peso de la responsabilidad de administrar una provincia. Tenemos que equilibrar razonablemente y la manda constitucional indicaba que tenía que ser reglamentada. Ahora esperarán a que la primera mandataria llegue a esos niveles salariales", desafió.

Con respecto a las acciones judiciales, dijo que "se seguirán las instancias necesarias para definitivamente saber qué quiere decir la Constitución de la provincia, porque yo como fueguina y representante de Tierra del Fuego tengo una Constitución y creo que es clarita. Hasta ahora se interpretó de otra manera. Ahora lo reglamentamos y yo suponía que iba a haber presentaciones de todo tipo, así que las estábamos esperando", reiteró por último.