Publicado: 01-12-2013

La principal obra de saneamiento que lleva adelante la administración kirchnerista en la región metropolitana, con una inversión de casi $ 2.850 millones, arrastra varias irregularidades y no tiene el control que corresponde de parte de los organismos estatales que están a cargo del proyecto.

Se trata del denominado "Sistema de Potabilización Área Norte" que apunta a beneficiar a 2 millones de habitantes de la zona norte del Conurbano y que ahora ha quedado en la mira por un crítico informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Tras haber auditado durante 40 meses la marcha de las obras, la AGN detectó que tanto la empresa estatal AySA, como la Agencia de Planificación ( APLA) no controlaron como debían al consorcio constructor y tampoco aplicaron las sanciones que correspondían por el atraso de casi dos años que registran los trabajos.

La AGN, que preside Leandro Despouy, destacó otros dos datos económicos clave: el proyecto fue adjudicado por una suma que superó en casi 25% el presupuesto oficial y las demoras de las obras terminaron encareciendo un 78% los aportes locales del contrato.

El "Sistema de Potabilización Área Norte" se licitó a principios de 2008 con un presupuesto total de $ 2.224 millones. A fines de ese año, el Gobierno decidió adjudicar las obras al consorcio de la brasileña Odebrecht y las constructoras locales Roggio, Supercemento y Cartellone por un total de casi $ 2.850 millones. Para financiar dicho monto, el Gobierno utilizó fondos públicos y de la ANSeS por $ 1.930 millones y un crédito del BNDES de Brasil por US$ 290 millones.

El proyecto – cuyo control y seguimiento quedaron en manos de AySA y de APLA– comprende un paquete de obras que incluyen una nueva planta potabilizadora en el Delta, cuatro acueductos, dos grandes tomas de agua y dos estaciones de bombeo. Según el cronograma inicial, las obras debían concluirse a principios de 2012. Pero, por atrasos en los pagos y reprogramación de los trabajos, se estima que recién estarán listas en el segundo semestre de 2014.

El relevamiento de la AGN también consignó las siguientes anormalidades:
La APLA – que preside el subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Bortolozzi– no controló las redeterminaciones de precios y certificó bienes financiados por el banco brasileño BNDES sin tener las aprobaciones previas que debía efectuar AySA.

Dicha agencia de planificación no dictó aún su "reglamento sancionatorio" que le hubiera permitido multar los incumplimientos registrados en las obras.

Para Despouy, el informe "es un claro ejemplo de las consecuencias negativas que genera la falta de planificación oficial de la obra y de su financiamiento". Consideró también que "exhibe las debilidades de control del organismo auditado y su desidia para ejercer su facultad de proponer sanciones ante incumplimientos de las partes en las obras contratadas, toda vez que habiendo transcurrido 6 años todavía no ha dictado su reglamento sancionatorio".

Inauguración. En agosto de 2010, Cristina recorrió las obras de la planta, con Scioli y Massa.