Los máximos órganos de control externos de la Argentina y Paraguay denunciaron irregularidades en las cuentas de la Entidad Binacional Yacyretá (Eby), responsable técnica y jurídica de la hidroeléctrica emplazada en la provincia de Corrientes entre la frontera de ambos países, cuya etapa final fue inaugurada hace menos de un mes por la presidenta Cristina Fernández y su par guaraní, Fernando Lugo.

En uno de los primeros informes del año, la Auditoría General de la Nación (AGN) publicó la semana pasada un trabajo sobre los Estados Financieros de la Entidad, elaborado junto a Auditores, Contadores & Consultores (Audicon) que menciona deficiencias y debilidades en la estructura del control interno de Eby. Las tareas de campo para el informe fueron terminadas a mediados de agosto de 2010 y abarcan el período 2009, antes de la inauguración de la Central Yacyretá. Asimismo, el documento incluye observaciones realizadas sobre ejercicios anteriores que aún no han sido implementadas.

En cuanto al nivel de endeudamiento, da cuenta de que "el pasivo total de la Entidad con el gobierno argentino asciende a u$s 13.271 millones", lo que equivale a más de 20 veces la facturación anual bruta del ejercicio. De este importe -aclara el estudio- "u$s 7.258 millones corresponden a ajustes e intereses, de los cuales u$s 2.297 millones fueron devengados con posterioridad a diciembre de 2005".

La hidroeléctrica, que costó unos 11.000 millones de dólares a lo largo de sus 37 años de construcción, inundó unos 1.600 kilómetros cuadrados de territorio y afectó a unas 15 mil familias, que ahora reclaman subsidios por haber sido reubicadas. Al respecto, el informe financiero dice que hay "incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes adeudados por compensaciones". Además, menciona grandes diferencias entre la estimación calculada por la margen derecha (Paraguay) y la margen izquierda (Argentina) sobre el monto a pagar en concepto de compensación en razón del territorio inundado. Por ejemplo, a diciembre de 2009 la margen izquierda determinó un saldo por compensación de u$s 141.489 mientras que la margen derecha de u$s 625.260. Según los auditores "no existe respaldo documental que soporte el criterio aplicado por la Entidad para promediar ambos montos".

Otra crítica realizada por los órganos de control tiene que ver con la falta de formalización documental de los créditos por ventas. En este sentido se explica que "la Entidad factura la energía proveída por la Argentina, a la EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima) y por su parte CAMMESA (Compañía Administradora de Mercado Eléctrico) liquida en función del precio -spot- del mercado eléctrico mayorista vigente en la Argentina, generándose una diferencia de tarifa, entre la absorbida por dicho mercado y la facturada por Eby". Hasta 2003, en el marco de una normativa emanada del Secretario de Energía, la Secretaría de Hacienda asumía esa diferencia tarifaria mediante la emisión de notas de créditos por los importes respectivos, las que se encuentran expuestas en los Estados Financieros descontando la deuda de la Entidad a favor del gobierno argentino por u$s 1.493 millones, operándose en la práctica un cambio del deudor obligado a cancelar la diferencia de tarifa. "A partir de 2003 -agrega el informe- se ha discontinuado la emisión de notas de crédito por parte de la Secretaría de Hacienda siendo el saldo acumulado en este concepto al cierre de 2009, de u$s 1.671 millones", que se expone en la cuenta créditos diversos y cuyos intereses y actualizaciones se ubican en el pasivo, disminuyendo así la deuda con el gobierno argentino. "A la fecha -sentencian los contralores- "no se encuentra formalizado el cambio de deudor ni definidas las condiciones de cancelación de dicho crédito".

También el documento cuestiona a la Entidad Binacional "la falta de definición de las políticas contables a aplicar", entre otras observaciones.