Chubut.- Una denuncia efectuada hace un tiempo atrás por supuestas maniobras ilegales para despojar de sus permisos de pesca al propietario de dos embarcaciones de Puerto Rawson se reactivó recientemente en la sede Puerto Madryn del Ministerio Público Fiscal ante una nueva presentación realizada por una agrupación del sector que se consideró perjudicada también por aquella decisión de la Secretaría de Pesca de la Provincia.

La cuestión llegó a ese ámbito a principios de marzo de 2010 con la exposición del propietario de la empresa pesquera Pez del Sur, Juan Alberto Olanda, destinatario en su momento de dos permisos de pesca para los buques Sagrado Corazón y Sur Primero, ambos de su propiedad.

Olanda calificó en su presentación como irregulares a resoluciones del organismo provincial que reemplazaron esos permisos y los otorgaron a otras empresas (Pesquera del Golfo S.A. y Neptuno S.A.) que carecían de esa habilitación por estar vigente la ley de emergencia pesquera en la Provincia.

El denunciante enumeró ante el funcionario fiscal los reclamos efectuados por ese motivo, consistentes en notas, escritos y cartas documentos que nunca fueron contestadas, hasta llegar a la misma Oficina Anticorrupción que confirmó las irregularidades tras una investigación pero que no pudo avanzar en su esclarecimiento por carecer de poder de juzgamiento.

Olanda tomó realmente conocimiento que se le habían revocado los permisos de pesca en el año 2002, iniciando un peregrinar que llegó hasta la misma Oficina Anticorrupción, único organismo que, a su juicio, concluyó que si habían existido hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos, empresarios y letrados.

Responsables


Ante los interrogantes del funcionario fiscal, y según consta en el acta del caso, Olanda responsabilizó a Jorge Aidar Bestene. Una estimación que consta en el acta establece que un permiso de pesca tiene un valor de un millón de dólares más la explotación, por lo que genera, en cinco años, 9 millones de pesos aproximadamente.

Olanda responsabilizó también al apoderado de Conarpesa y socio del estudio de Jorge A. Bestene por la destrucción y falsificación de documental dentro de la Secretaria de Pesca en su perjuicio.

Los delitos denunciados fueron afectación al derecho de propiedad, enriquecimiento ilícito, estafa y defraudación a su persona y hacia el Estado Provincial y Nacional, falsificación de instrumento público, sustracción de expedientes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

Casi un año después, en una nueva presentación, Ariel Roberto Pérez, coordinador de la agrupación Mares del Sur, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal, tras recibir un conjunto de documentación de la Secretaría de Pesca, "donde surge manifiesto una serie de irregularidades".

El interés de la agrupación estaba en la posibilidad de reactivar la empresa de Olanda, aspiración que se vio imposibilitada debido a que "los permisos de pesca que tenía y le correspondían al Olanda habían sido otorgados por la Secretaría de Pesca a otras empresas".