Blanco sobre Negro. El desafío de cambiar la mirada sobre las cárceles: ver qué pasa adentro para que haya más seguridad afuera.

Los gobiernos avanzan, llenan huecos, se corren hacia los costados, retroceden, toman impulso y vuelven a avanzar. El Estado se hace más grande o más chico, atiende o desatiende más o menos cuestiones y mira de reojo y cada vez más las encuestas sobre la inseguridad. Pero, salvo que se fuguen presos célebres, nunca mira las cárceles. Es un déficit histórico.

Ahora la Provincia anunció que construirá más penales y hará nuevas alcaidías en edificios públicos en desuso. Para eso ya les está preguntando a los intendentes sobre lugares posibles. Recovecos perdidos que puedan paliar la necesidad creciente de ubicar presos. Sólo en las comisarías bonaerenses hay, hoy, 2.680 detenidos. Alguna vez, el ex ministro León Arslanian hasta pensó en ponerlos en contenedores.

La Auditoría General de la Nación, además, salió a marcar que las cárceles federales son vergonzosas. El informe, sobre un relevamiento de 2013, no difiere mucho de los que se vienen haciendo desde hace más de 30 años: condiciones de detención aberrantes, torturas, crímenes sin aclarar, comida podrida y otros rostros de una realidad salvaje. Relato salvaje: el gobierno anterior no miraba a los presos. Sólo formó un grupo minúsculo de militantes para mostrarlos en murgas. 

La cárcel no le importa a nadie, han interpretado los gobiernos históricamente. Uno tras otro. Cometen un doble error: desatienden la cuestión humana, obligación esencial del Estado, y fallan en una estrategia central. No habrá más seguridad afuera si no se controla lo que pasa adentro. Las cárceles explican la inseguridad. La interpretan. Guardan su ADN. En ningún otro lado hay tanta información minuciosa sobre la radiografía social y delictiva.

Los presos argentinos son jóvenes y pobres. La mitad no terminó la secundaria. Cuatro de diez estaban desempleados en el momento de delinquir. Cinco de diez son reincidentes. Siete de diez tienen familiares, amigos o vecinos inmediatos con antecedentes penales. La estadística viene manteniendo las proporciones aunque los números absolutos crecen: en 20 años la población carcelaria se triplicó. Significa que esta radiografía se va haciendo más y más grande. Esto se puede atender o se puede ignorar. No se ganó nada ignorándolo.

La delincuencia no se gesta exclusivamente en el desempleo pero encuentra allí buen alimento para robustecerse. Ojo con los números: el INDEC dio este año un porcentaje de desocupación general del 9,3 por ciento, pero esa cifra se duplica entre los jóvenes: 18,9 por ciento en menores de 29 años. ¿Recordamos? Los presos son jóvenes y pobres.

Mar del Plata y Rosario son dos de los lugares más golpeados por la desocupación. En Mar del Plata la inseguridad explotó. Rosario marchó este año, dos veces, bajo el lema "ni un muerto más". Rosario sangra, repitieron más de 20.000 personas en las calles. Ahí hubo 24 crímenes en un mes, aunque las cárceles santafecinas estén repletas.

En Mar del Plata acaban de cambiar al jefe de policía y en Santa Fe, ahora que el gobernador Lifschitz se lleva bien con el presidente Macri, comienza un plan piloto de urbanización de villas que busca replicar algo de lo hecho por el gobierno porteño en Retiro pero mirando en última instancia a Medellín. En esa ciudad colombiana se bajó considerablemente el delito con el Estado metido hasta la médula en los barrios más marginales.

Algo de eso planea María Eugenia Vidal para la Provincia. Ella suele graficar ante su entorno que es la carpintera que tiene que arreglar las cuatro patas de una mesa rota: Policía, desmadre social, agilidad judicial y situación carcelaria.

Su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, viene tejiendo un entramado de mayor relación con los jueces y hace números como si fuera un contador: 34.000 presos y 23.000 empleados en el servicio penitenciario, pero no tantos guardiacárceles. ¿Cómo es esto? Para dar un ejemplo, hay 2.300 personas sólo en el área de "Salud Penitenciaria", pero apenas 517 son médicos. Los otros 1.800 son administrativos.

Todo el servicio penitenciario provincial quedó ahora jaqueado por la autoridad política. Vidal echó a la cúpula completa y el manejo de las cárceles en la provincia quedó en manos de dos equipos de civiles cuyos nombres lo dicen todo. Uno se llama "Evaluación de desempeño". El otro, "Control de gestión". Es otro punto donde la política bonaerense busca una refundación. La Provincia tiene un mapa claro: el 80% de sus presos provienen del conurbano y están en cárceles del conurbano. El promedio de las condenas es a 6 años y cada preso cuesta 22.000 pesos por mes, haciendo la cuenta directa y siempre discutible de dividir el presupuesto total por la cantidad de detenidos. Los economistas dicen que se hace así. Es una fortuna.

Para que el Estado pueda sacarle jugo a la inversión, los presos deberían dejar de delinquir cuando salen, algo que generalmente no se consigue. Si el círculo delito-cárcel-delito-cárcel no se corta a la primera oportunidad, el Estado termina robusteciendo la inseguridad: gasta cada vez más en presos que adentro sólo encuentran contactos para integrar nuevas bandas al salir.

¿Podría hablarse de cárceles exclusivas para "primerizos", donde se pueda trabajar fuerte sobre los jóvenes que entran al sistema tras el primer delito y acelerar en ellos las posibilidades de una reinserción social eficiente? Haría falta una infraestructura y una coordinación política con la justicia que aún lucen lejanas.

En la Provincia, el ministro Ferrari quiere habilitar un penal exclusivamente para internos con problemas de drogas, y así darles un tratamiento intensivo y especializado. Ya miran hacia la cárcel de Gorina, cerca de La Plata, donde podría armarse un gran centro de recuperación para 1.500 adictos, pero hay choques con algunos jueces: no aceptan traslados de internos a sitios donde les queden lejos las visitas familiares.

Muros afuera, la situación se mantiene intacta: por el crimen del editor Roberto Chwat, ocurrido hace dos semanas en un lujoso chalé de Olivos, fueron detenidos dos jóvenes de 22 años. Uno tenía antecedentes y estaba herido porque se había disparado a sí mismo en la maniobra de saltar una reja para escapar. El otro había terminado la primaria en un Instituto de Menores, donde estaba preso desde los 14 años por asaltar una casa. ¿Recordamos? Cinco de diez presos son reincidentes. El Estado ya los tuvo y los mandó a la calle sin remedio. El editor fue asesinado en su casa, equipada con las últimas tecnologías en seguridad, por jóvenes ladrones de puerta giratoria. Ellos están presos de nuevo y en algún momento van a salir otra vez. El Estado ya no puede permitirse que salgan peores.