Publicado: 08-09-2011
  
Córdoba.- Si en la ciudad de Córdoba hubiese agua medida y tarifada, se desalentaría el derroche y no faltaría. Sólo se instaló el 25% de los medidores.

A más de un lustro del reclamo ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), aún vale lo expresado en esa oportunidad: cuando el Estado no puede o está ausente, ahí están las cooperativas buscando lo que necesita la comunidad. En Villa Rivera Indarte, al noroeste de la ciudad de Córdoba, la Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada provee de agua potable desde hace más de 40 años a más de 1.300 familias, con el ciento por ciento de medidores instalados y funcionando.

En apariencia en buenas condiciones, la Cooperativa tenía, sin embargo, una tendencia negativa en todos sus frentes, en especial por haber relegado los cumplimientos de términos legales de todo tipo, pero también urgencias que se sucedían y parecían insalvables. Al respecto, un grupo de socios ingresamos al Consejo de Administración de la Cooperativa en 2005. Todo era incertidumbre y desasosiego, pero salimos adelante.

Abandono público. La asfixia que sufrimos como institución fue consecuencia de la indiferencia, el abandono y la inoperancia de los estamentos públicos, que en ningún momento apoyaron nuestra labor, salvo en minucias oportunistas. Esto nos llevó a un régimen de supervivencia que llega al día de hoy y que postergó los propósitos cooperativistas de los fundadores.

En un año de gestión, con espíritu de compromiso, sinceridad, respeto y trabajo colaborativo, con esfuerzo se pudo superar y remontar la situación. De allí en más, nuestra infraestructura sólo pudo afrontar una única tarea que podemos apenas sostener hoy: distribuir agua.

Hemos estudiado largamente la tarifa, buscando un escalonamiento no sólo racional y justo sino también ecológico, sostenible. Su diseño respondió a la lógica de que se pague lo que se consume. Y fue más allá: todos tienen derecho a consumir lo que necesitan, aun los que no tienen para pagarlo, pero el que consumiere más agua de lo aceptable, la debería pagar. Y cada vez más cara, por sobreutilizar un recurso cada vez más escaso. El Estado no permitió ponerla en vigencia.

La empresa concesionaria, de la cual somos clientes, tenía un contrato que establecía un cronograma de instalación de medidores. Esto no ocurrió como debiera. El incumplimiento de este compromiso del Gobierno para con la ciudadanía afecta a las cooperativas, porque resulta un enorme descontrol en el consumo de agua y en tarifas desparejas e injustas.

El Gobierno sigue permitiendo que la situación se prolongue en el tiempo. A años de aquel reclamo al Ersep, nos falta agua en muchas ocasiones. Y la que tenemos es la más cara. En tanto, alguien tiene que explicar por qué en buena parte del resto de la ciudad de Córdoba hay agua que corre sobre veredas y jardines, mientras sus consumidores pagan una tarifa plana. Ese derroche es el que hace que en nuestros barrios el agua cueste lo que nos cuesta. Si en la ciudad de Córdoba hubiese agua medida y debidamente tarifada, se desalentaría el derroche, y no faltaría.

El Gobierno permite que haya quien derrocha y pague muy poco. Y a quien se esfuerza por ahorrar, se le cobre mucho más. A muchos años del compromiso inicial, apenas el 25 por ciento de la cobertura con medidores en la ciudad los tiene instalados. Somos nosotros, en Villa Rivera Indarte, una parte de la ciudad, la que está pagando la diferencia.

Defender el uso racional del agua significa romper con la complicidad del Estado. No intentamos acusar ni ofender a nadie, simplemente solicitamos que se advierta la realidad y que la ciudadanía despierte, se comprometa y de algún modo asuma sus obligaciones.