Informe del Auditor.info

El dictamen del fiscal de Estado pidió a Jaque que inicie un sumario que defina los responsables bajo los dos gobiernos anteriores. No se sabe de cuánto fue la estafa.


El fiscal de Estado a cargo, Joaquín de Rosas, encontró "elementos de convicción suficientes para sostener la existencia de irregularidad administrativa sancionable" en el funcionamiento del sistema Vale Más entre los años 2000 y 2006.

El período investigado abarca seis años bajo las administraciones de Roberto Iglesias y Julio Cobos, tal como adelantó Los Andes el lunes pasado.

De esta manera la Fiscalía de Estado dio por finalizadas "todas las causas iniciadas sobre la investigación del tema Vale Más" y solicitó al gobernador Celso Jaque "la iniciación de un sumario administrativo" que determine "las áreas responsables en el manejo, distribución, cancelación y control" de los tickets y que "se individualice a cada uno de los responsables que participaron en las distintas épocas en que se aplicó el sistema Vale Más".

La propia Fiscalía de Estado se incorporará a este sumario como parte acusadora.

Asimismo, el dictamen de la Fiscalía considera que "se deberá tomar como monto del perjuicio, aquél que surja de los fallos del Tribunal de Cuentas de la Provincia".

Del texto del documento se desprende que en estos últimos años existió una fuerte resistencia a aportar información desde los organismos públicos que participaron de la distribución de los Vale Más: esto incluye a reparticiones del Estado provincial y buena parte de los municipios.

Se puede ver en el artículo cuarto del dictamen que habla de "carencia de auditorías y de respuestas a las peticiones que oportunamente hicieran a los organismos competentes los abogados instructores y personalmente el ex fiscal de Estado (Pedro Sin)".

El dictamen de la Fiscalía de Estado no sólo abrió un nuevo sumario sino que reactivó otros anteriores como el que fue iniciado en el ámbito del Ministerio de De-sarrollo Humano contra el contador Carlos Marziali como auditor interno del Fides (Fondo de Inversión para el Desarrollo Social).

Si bien el dictamen parece eximir de responsabilidad al último ministro de Desarrollo Social de Cobos, Sergio Pinto, en los considerandos se destaca "un contrasentido" ya que "el anterior titular del Ministerio de Desarrollo Social manifiesta haber dado indicaciones a fin de que se practicaran auditorías, las que se indicaban como iniciadas por las dependencias de ese ministerio durante 2007, mientras que en otros informes se manifiesta con fecha mayo de 2009 que no se encuentran en los archivos del ministerio en cuestión las constancias de las mismas".

Asimismo menciona que el Tribunal de Cuentas ha generado piezas separadas para determinar el monto del perjuicio contra la provincia, "las que a la fecha no se encuentran resueltas".

Durante la investigación se comprobó que muchos de los tickets cobrados irregularmente mostraban el nombre de un beneficiario, pero el número de documento de un "padrino político" y el domicilio de un familiar de este último, lo que hizo posible la utilización política de la entrega de los tickets sociales.