Ya fue una carta que Mauricio Macri jugó en agosto contra los gremios, como advertencia luego de la marcha a Plaza de Mayo que dispuso la CGT. Pero ahora, en la previa al debate de la reforma laboral, vuelve a escena con más fuerza: el Gobierno tiene preparado un decreto para obligar a que se hagan públicos los bienes de los jefes de las obras sociales.

El texto, al que accedió Clarín, prevé la modificación del decreto 576/93, que reglamentó la ley 23.660 y establece los requisitos que deben cumplir quienes dirigen y administran las obras sociales. Apunta, específicamente, al inciso D del artículo 13, que incluye como obligación la presentación de la declaración jurada, “en sobre cerrado y firmado”, ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En la actualidad, esas DDJJ están disponibles pero sólo se abren ante un pedido puntual de la Justicia.

En el oficialismo señalan que detrás de ese oscurantismo se sustenta el enriquecimiento de muchos gremialistas y buscan cambiarlo. Por eso, en ese apartado se aclarará que las autoridades de las obras sociales -la mayoría jefes sindicales- deberán presentar “una declaración jurada patrimonial integral, conforme los términos y oportunidades establecidos en la Ley 25.188 (de Ética en Ejercicio de la Función Pública) y sus modificatorias, garantizando el carácter público, la libre accesibilidad y la consulta por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet”. Es decir, al alcance de cualquier ciudadano.

Leer más.

Fuente: Clarín