El trabajo es de septiembre; la AGN comenzó su propia auditoría
Con "el diario del lunes" muchos funcionarios del Gobierno lamentaron no haber involucrado a los organismos de control en el manejo de la deuda del Correo Argentino . Pero una de esas entidades sí había estudiado la situación de los juicios cruzados entre la firma controlada por el Grupo Macri y el Estado. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) elaboró en septiembre del año pasado un "informe de situación empresaria" y se lo elevó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

La Sigen tiene a un síndico de forma permanente dentro del directorio de Correo Argentino SA, ya que el Estado conserva el 14% de las acciones de la firma. Siempre que hay una participación estatal minoritaria en una sociedad, se designa a un emisor del organismo de control que, sin ningún poder de decisión, actúa como veedor.


Aguad recibió el informe a finales del año pasado y el documento no tuvo mayores consecuencias. Si bien no está obligado, el ministro puede pedir una opinión técnica a la Sigen en casos que resulten sensibles. Este organismo de control, a su vez, según el artículo 104 de la ley 21.756, puede, aunque no está obligado, "poner en conocimiento del Presidente los actos que estime que puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público". Ninguna de las dos partes consideró que era necesario tomar mayores recaudos.

Fuentes gubernamentales reconocieron que una instancia más profunda de control "no hubiera estado de más", pero a su vez remarcaron que "el Estado está en 4800 concursos preventivos". A posteriori, la Casa Rosada debió remediar el daño político: pidió volver a "foja cero" en el juicio con el Correo Argentino y ahora elabora un decreto para generar más resortes institucionales y evitar conflictos de intereses con el Presidente.

El informe de situación empresaria sobre el Correo Argentino, al que accedió LA NACION a través de un pedido formal, hace un repaso de los antecedentes de la firma: la adjudicación del servicio postal oficial en 1997, el pedido del concurso preventivo de acreedores en 2001 y la rescisión del contrato de concesión en 2003 que ordenó Néstor Kirchner por la falta del pago del canon.

El informe recuerda que "la compañía inició una acción por daños y perjuicios contra el Estado y también con el objeto de obtener una reducción significativa del canon en proporción a las contraprestaciones estatales incumplidas". Y agregó: "A la fecha de emisión de este informe no es posible estimar los efectos que pudieran originarse si se diera lugar a los reclamos de la sociedad".


En coincidencia con los datos esgrimidos por Aguad, el escrito de la Sigen luego repasa las negociaciones para llegar a un acuerdo en el concurso preventivo. Señala que en octubre de 2014 hubo una propuesta de pago cuando el Correo ofreció erogar el 100 por ciento de su crédito verificado en $ 296.205.375 con intereses y un período de gracia de cinco años, y que un mes después la empresa acercó una oferta superadora.

La historia continuó bajo la gestión de Mauricio Macri. "Recién en junio de 2016, en la audiencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el representante del Estado expresó que, siguiendo instrucciones, debía rechazar la propuesta y solicitar un ajuste", señala el informe. Y continúa: "La concursada accedió a reformular su propuesta mejorándola en los términos solicitados por el Estado". Eso significaba el pago de los casi 300 millones de pesos en 15 cuotas con un interés anual del 7%.

"La concursada mantuvo su propuesta de pago acelerado en el caso de recibir cualquier tipo de erogación por sus activos en poder del Estado", indica el informe, y adiciona que el representante del Gobierno consideró que "la propuesta realizada por la concursada se ajustaba a las instrucciones impartidas" y prestó conformidad.

A partir de allí la historia siguió con el duro dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquín, el conflicto judicial y político y el pedido de retrotraer todo a "cero". El informe de la Sigen, en su penúltimo párrafo, advierte una situación que complica al gobierno kirchnerista: "Debe mencionarse que desde 2004 el accionista del Estado no concurre a las asambleas de Correo Argentino SA y, por ende, no nombra a su director".

Auditoría en marcha

Por otra parte, la Auditoría General de la Nación (AGN) anunció ayer que puso en marcha el proceso de auditoría que le ordenó el Congreso realizar sobre el proceso de quiebra de la empresa Correo Argentino.

"Se ha conformado un equipo técnico exclusivo para estudiar el concurso preventivo" de la firma del Grupo Socma, propiedad de Francisco Macri, afirma el comunicado del organismo.