Se trata de un encuentro convocado por la Cámara en lo Comercial para analizar el controvertido acuerdo entre el Estado nacional y la empresa de comunicaciones. Desde la gestión macrista pidieron tiempo para que la AGN prepare un informe.

La Cámara en lo Comercial suspendió ayer la audiencia que había convocado entre representantes de Correo Argentino SA y el Gobierno nacional, luego de aceptar un pedido de prórroga solicitado por el portavoz del Estado, Juan Bernabé Aráoz, quien reclamó que se pospusiera por 120 días.

Ese es el plazo estimativo que fijó la Auditoría General de la Nación (AGN) para producir el informe que le encargó el Congreso sobre la situación de la empresa al momento del inicio del concurso preventivo. Es decir, un reporte sobre la intervención que tuvieron el Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones en la negociación, además del análisis de los créditos del Estado con el Correo Argentino al momento de la presentación del concurso.

Fuentes judiciales informaron que la Sala B del Tribunal, a cargo de las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz, estableció que se les pedirá opinión a las demás partes del proceso “para que se expidan sobre el pedido” de prórroga “y luego el Tribunal resolverá” la nueva fecha de la audiencia.

El Estado, por su parte, planteó que es necesario aguardar los resultados de la Auditoría y recalcó la normativa sobre el conflicto de intereses en la que está trabajando, en pos de la “transparencia”.

Sin explicaciones

La audiencia había sido solicitada por el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, “a los efectos de tratar de encontrar, de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal” con “una solución justa y equitativa para todos los interesados”.

En efecto, el encuentro debía servir para analizar el acuerdo por el que el Correo Argentino se comprometía a pagar unos $600 millones en cuotas hasta 2033, lo que fue considerado “abusivo” y “perjudicial para las arcas del Estado” por la fiscal Gabriela Boquin, que fue quien ordenó dejar sin efecto el controvertido convenio al que se había llegado dentro del concurso preventivo de la empresa perteneciente a la familia Macri, por la deuda de la compañía. 

En sus dictámenes, Boquin consideró que, de homologarse la propuesta que el Gobierno nacional le había aceptado al Correo Argentino, la firma estaría obteniendo “una condonación de la deuda” por miles de millones de pesos, en valores actuales.

La fiscal indicó, además, que el consentimiento estatal para aquel acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que “carecía de competencia para tal acto”, en referencia al ministro Aguad, quien finalmente dio marcha atrás con el contrato.