Publicado: 14-01-2013    
 
Resulta insostenible que el Gobierno siga consintiendo que la línea aérea estatizada pierda enormes sumas, no presente balances e impida la competencia

Desde su estatización en 2008 el grupo Aerolíneas Argentinas-Austral demandó aportes del Estado por 3916 millones de dólares. Esto implica un promedio diario de 1,95 millones, suma que pesa sobre todos los contribuyentes y también sobre la inflación, ya que demanda emisión monetaria suplementaria.

La primera pregunta es si se justifica tan alto subsidio hacia quienes viajan en avión en desmedro de otras necesidades más imperiosas. Esta duda se acentúa frente al fenómeno de una pobreza que no decrece. Nuestra respuesta es naturalmente negativa. De esta misma forma pensaron los gobiernos de Brasil y de Uruguay cuando decidieron no rescatar con fondos públicos las empresas Varig y Pluna, prescindiendo de argumentos chauvinistas, demagógicos o gremiales. En estos dos casos, como hubiera sucedido seguramente en la Argentina, no sólo la demanda aérea fue cubierta por otras empresas sin necesidad de dedicar fondos estatales, sino que, además, en el caso de Brasil, el transporte aéreo se duplicó.
Una segunda observación se refiere a la eficiencia con que se ha administrado Aerolíneas Argentinas. Las pérdidas registradas no constituyen ningún rasgo característico ni estructural del negocio aerocomercial, como equivocadamente afirma la presidenta Cristina Kirchner. Menos aún cuando a una compañía se le reservan porciones del mercado limitando y trabando la competencia de otras empresas. En efecto, son conocidas las maniobras de discriminación aplicadas por las autoridades aéreas locales a otras compañías, en particular a LAN, a la que se le impide el uso de mangas, se intenta excluirla del Aeroparque y no se le permite aportar nuevas aeronaves para reforzar sus servicios. Además, Intercargo, controlada por Aerolíneas, modificó unilateralmente las condiciones de contratación vigentes con LAN.

De esta manera, Aerolíneas se asegura el monopolio en aquellas rutas con las que se vanagloria de ser la única que las recorre. Dado ese monopolio, se da la paradoja de que esas rutas, en las que no compite, son las únicas donde no pierde dinero. ¿Por qué? Porque cobra tarifas altísimas abusando de su posición dominante.

Desde la estatización, las tarifas de cabotaje de Aerolíneas no dejaron de subir, registrando desde entonces 12 aumentos, aplicándose precios más elevados en las provincias en las que se ha impedido la competencia. Y, pese a ello, la empresa pierde cada vez más dinero, al tiempo que se ha ido afianzando una Argentina subdesarrollada en materia de transporte aéreo, pues cada ciudadano realiza, en promedio, un viaje en avión cada cinco años, mientras que cada estadounidense lo hace tres veces por año. Peruanos y venezolanos también viajan con mayor frecuencia.

Los indicadores de eficiencia comparados con los de otras compañías explican en gran parte las razones del desbalance entre gastos e ingresos. Si bien debe reconocerse que estos índices no eran tampoco los apropiados en la anterior gestión privada, no han sido corregidos durante la administración estatal, sino lo contrario. El 80 por ciento de las pérdidas se verifica en los vuelos internacionales, orientados principalmente a los destinos preferidos de los turistas argentinos, con lo cual se subsidia a quienes viajan al exterior. Por ejemplo, Aerolíneas vuela a Cancún, pero no a la capital de México. Dejó de volar a Auckland, en Nueva Zelanda, pero vuela a San Salvador de Bahía. Aquí, no se han retomado los vuelos a Villa Gesell.

La relación entre el gasto en personal y los ingresos por ventas alcanza en Aerolíneas al 45%, mientras que es el 30% en Iberia, 23,4% en Lufthansa y 21,7% en British Airways. Estas empresas pagan incluso salarios medios más elevados, lo que acentúa desfavorablemente la comparación. Aerolíneas dispone de una dotación de más de 30 pilotos por aeronave, 1700 en total, duplicando los estándares internacionales. Estas deficiencias de productividad no deben extrañar cuando el manejo de la compañía ha estado en manos de personas designadas más por su militancia política que por su experiencia en la actividad.

La insuficiencia, falta de transparencia y confiabilidad de la información de gestión dificultan el análisis de los índices de productividad y de los costos. Sus estados contables auditados no han sido presentados desde 2008 y la intervención de la Auditoría General de la Nación se ha traducido en varias oportunidades en una abstención de emitir opinión. En cuanto a los informes de gestión que divulga la empresa, son tan poco creíbles como el vaticinio oficialista de que en 2011 Aerolíneas dejaría de perder dinero.

Existe un muy crítico informe de la ONG Contadores Forenses que expresa serias dudas sobre la forma de elaboración y control de los balances. En ese documento se afirma que "la gestión de Aerolíneas Argentinas SA ha sido ruinosa y deficitaria. Además, no tiene perspectivas ciertas de mejora". Ésta es una conclusión diferente y opuesta a la que han expuesto las autoridades de la empresa y el propio Gobierno. Según éstos, el déficit operativo está decreciendo y cada vez se demandan menos aportes del gobierno nacional, al mismo tiempo que el mismísimo Ministerio de Economía informa mes tras mes sumas de subsidios que no paran de crecer. Mientras tanto, se investigan en la Justicia denuncias de que la empresa habría comprado las aeronaves brasileñas de Embraer con un sobreprecio del 22 por ciento.

La estatización de Aerolíneas Argentinas aún mantiene cuestiones pendientes relacionadas con las compensaciones. Hay reclamos cruzados en tratamiento por la justicia argentina y otros que se han presentado ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que podrían ocasionar en el futuro compromisos pecuniarios adicionales al Estado argentino. En momentos en que se evidencia un deterioro fiscal creciente que puede desembocar en un desborde monetario e inflacionario, el caso de Aerolíneas se vuelve muy relevante y paradigmático.