La corrupción, un mal de muy larga data en nuestro país, es uno de los padecimientos más severos de la administración pública, el cual persiste por diversas razones, entre ellas la existencia de un débil sistema de control y sanción de las irregularidades.

Dentro del dispositivo de control, la Oficina Anticorrupción es una pieza especialmente importante, que podría fortalecer su rol de contar con una mayor independencia y medios que faciliten la adquisición de pruebas y la preservación de los denunciantes y testigos.

Esta Oficina, que en la actualidad depende del Ministerio de Justicia de la Nación, se encuentra virtualmente paralizada desde hace poco más de un mes, cuando falleció Abel Fleitas Ortiz de Rozas, su último titular.

Dado que sólo el titular del cuerpo puede dar curso a las denuncias, es necesario que esta vacante sea cubierta a la brevedad. Pero sobre todo resulta indispensable que se designe a una persona idónea e independiente, cuyos antecedentes no estén teñidos de parcialidad o que hagan presumir favoritismos políticos, lealtades o complicidades de algún tipo.

El debilitamiento de los órganos de control por mala gestión o por subordinación política a los gobiernos y la marginación de los funcionarios independientes y eficientes, han sido prácticas políticas recurrentes. Es de esperar, entonces, que se reactive la Oficina para que cumpla su función adecuadamente.

La corrupción en la administración pública persiste por muchas razones, como la debilidad de los organismos de control. La dirección de la Oficina Anticorrupción está vacante y es necesario cubrirla con un funcionario independiente del poder político.