Publicado: 23-02-2012 
  
Córdoba.- La Sindicatura General de la Nación de la República Argentina (Sigen) difundió en 2008 un informe en el marco de la "Auditoría transversal sobre aplicación de sanciones y multas", practicada sobre diversos entes reguladores y de control de servicios públicos a nivel nacional. El objetivo fue "evaluar la efectividad de las sanciones aplicadas y la razonabilidad de los plazos insumidos en el proceso sancionatorio" por parte de estos entes.

Uno de los organismos monitoreados fue la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Entre las observaciones formuladas en las áreas de "Ferrocarriles metropolitanos", el informe infiere la carencia de efectividad de sanciones que se aplican por incumplimiento de los operadores en ámbitos tan sensibles como calidad del servicio e higiene de las estaciones.

A la vez, relevó incumplimientos referidos a cuestiones vinculadas con la seguridad o el mantenimiento de elementos esenciales del material rodante e infraestructura; incumplimientos que, según refiere la auditoría, fueron elevados al conocimiento de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Y advirtió que ni la Subsecretaría mencionada ni la Secretaría de Transporte de la Nación se expidieron al respecto.

La auditoría concluye que, "de lo expuesto, se infiere falta de efectividad en la aplicación de sanciones" en el transporte automotor y en el ferroviario.

Entre las deficiencias halladas también figuran: "Carencia de un sistema informático"; que "el régimen sancionatorio permite la utilización sistemática por parte de las concesionarias de distintas vías recursivas –que tienen efectos suspensivos– dilatando excesivamente los tiempos de tramitación", "falta de coordinación entre las áreas" y "carencia de un Reglamento General de Penalidades".

Si no se terminan de ejecutar las normas regulatorias, porque frente al incumplimiento en que se incurre no existe sanción efectivizada, el rol también político que conlleva aquella ejecución de las normas contribuye a deslegitimar a tales entes. Se observa que ni siquiera cumplen con eficacia las normas regulatorias que les dan existencia y por cuyo respeto ellos mismos manifiestan que han de velar.

También se observa que el poder político no ha dado señales de reconocer la trascendencia institucional de los entes sino que, antes bien, los ha desvirtuado. De todas maneras, sería de una ignorancia infantil que, del desprestigio en que ha caído una institución, deba irrogarse un cuestionamiento hacia la propia institución. Los organismos de control son instituciones necesarias para el ejercicio del poder de policía especializado. Es claro que, para ello, se requiere comprender qué son y para qué sirven las instituciones… y actuar en consecuencia.