San Juan.- Si no hay controles no hay límites al poder ni se puede hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios.

El enfrentamiento que existe entre el Gobierno nacional y los dos principales órganos de control del Estado, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, por las demoras o a veces la negación o insuficiencia en la información, expresa una vez más el grave riesgo de que esas omisiones den lugar a la sospecha sistemática.

Sin control no hay límites al poder, ni se puede hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios que lo integran. Pero un principio elemental en este ámbito es que el controlante no dependa del controlado, es decir que sea independiente. Ese principio es el que no se cumple acabadamente en el sistema político argentino, ya que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) depende del gobierno de turno, al igual que la Oficina Anticorrupción. La AGN, que es el órgano de control externo en la órbita del Congreso de la Nación, está integrado por siete miembros, cuatro de los cuales pertenecen al oficialismo.

Pero no basta la independencia de los miembros, sino que además es necesario que los organismos de control tengan la competencia y los recursos necesarios para llevar adelante su trabajo. Si el órgano de control no puede acceder a la información necesaria, el control no será suficiente. Si el controlado, en este caso el Poder Ejecutivo nacional, no brinda toda la información sobre las compras que realiza, los precios que paga, las empresas que contrata, los subsidios y los recursos que reparte, el control es imposible.

Los informes de la AGN incluyen sugerencias y recomendaciones para que la Administración corrija sus errores, mejore sus procedimientos y ajuste su actuación al marco de la ley. De poco servirán esas sugerencias, si el Congreso actúa como obstáculo al control, al acumular los informes sin darles tratamiento. La paradoja del Gobierno es que, mientras se intima a las consultoras privadas para que le informen en qué basan sus estudios y mediciones sobre los niveles de inflación, los órganos de control se muestran reacios a brindar la información que le solicita la AGN, que ha debido recurrir a la Justicia para intentar conseguir los datos necesarios para cumplir sus funciones. Por su parte, la Sigen dejó de publicar en su página de Internet los informes que elabora.

El déficit en la función de control genera incentivos y dudas sobre la tranquilidad que deben exhibir las informaciones oficiales.