Una fundación con domicilio en la casa de un asesor del ministro de Cristina K facturó $800.000 por cursos de capacitación. El Tribunal de Cuentas provincial trabó el pago tras detectar irregularidades en la contratación.


Una fundación le facturó 800 mil pesos al Ministerio de Salud tucumano para dictar cursos de capacitación en endodoncia al personal sanitario. La información pasaría inadvertida de no ser por dos hechos que la convierten en un escándalo para el gobernador kirchnerista José Alperovich. Los cursos comenzaron en mayo de 2009 pero -según un informe del Tribunal de Cuentas provincial- el inicio de actividades de la fundación en la provincia se registró en agosto, tres meses después de facturado el servicio. El segundo dato es que su sede social está ubicada en el domicilio de Raúl Penna, asesor de Juan Manzur, actual ministro de Salud de la Nación.

Dirigentes de la oposición denunciaron ante la Justicia la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, malversación de caudales, falsificación de instrumentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y asociación ilícita.

"Con esta maniobra se desviaron fondos del Estado que seguramente fueron a parar a los bolsillos de los inescrupulosos de siempre", dijo a Crítica de la Argentina el senador nacional José Cano, uno de los impulsores de la demanda. Penna dijo que sólo facilitó su número de DNI para que pudieran contar con un teléfono de contacto. Y aseguró que "no tiene vinculación con esta fundación". En declaraciones a medios locales, el gobernador intentó despegarse. "Vamos a ser durísimos, y si tenemos que hacer la denuncia penal contra algún funcionario, la haremos", aseguró Alperovich.

LOS HECHOS. Todo comenzó cuando el Tribunal de Cuentas de Tucumán rechazó la resolución Nº 406 firmada el 29 de diciembre de 2009 por el ministro de Salud Pablo Yedlin. En el Acuerdo Nº 188, el organismo de control formuló severas observaciones al expediente mediante el cual el funcionario convalidó la realización de los cursos "Endodoncia Complementaria al Saneamiento Básico" dictados por la Fundación Salud y autorizó el pago de dos facturas por las sumas de 423.500 y 378.000 pesos. El Tribunal de Cuentas objetó que el convenio marco entre la fundación y el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) fue firmado el 19 de agosto de 2009 cuando como fecha de inicio de los cursos figura el 12 de mayo; tres meses antes. Otro dato es que tampoco se adjuntó la certificación para funcionar de la Fundación Salud por parte de la Dirección de Personas Jurídicas.

Entre las irregularidades señaladas figura que "los listados con los nombres de los estudiantes carecen de los números de DNI" de cada uno y hasta de una "constancia que acredite efectivamente que son empleados del Siprosa".

La otra gran mancha del acuerdo salpica a Manzur. Mediante la resolución 198/09 de la Dirección de Personas Jurídicas, fechada el 2 de julio, se aprobó el acta constitutiva de la Fundación Salud, "con domicilio en jurisdicción de la provincia de Tucumán y sede social en calle Laprida 612, piso 8º, departamento 3", de San Miguel de Tucumán. El domicilio corresponde a Raúl Penna, ex funcionario provincial que ahora integra el gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Manzur. Se desempeña como asesor de la "Unidad Ministro", según confirmaron fuentes ministeriales.

"ES UNA VERGÜENZA". Para el senador Cano, "éste es otro escándalo como a los que habitualmente nos tiene acostumbrados Manzur, fíjese que Tucumán es una provincia donde existe una ley que coloca a la universidad pública como consultora de primer orden y nuestra Facultad de Odontología es una de las más importantes del país, por lo tanto contratar a una fundación extranjera para realizar estos cursos no puede ser otra cosa que una maniobra para desviar dineros públicos que seguramente fueron a parar a los bolsillos de los inescrupulosos de siempre".

El legislador nacional añadió que "tenemos información de que los cursos fueron dictados en la propia estructura del sistema público, por lo que no se justifica el enorme gasto que se pretendía realizar".