Publicado: 06-06-2010
 
Entre el Concejo Deliberante y la Cámara de Representantes

Denegaron al Departamento Ejecutivo Municipal una prórroga para la presentación del balance del año pasado. Elevaron la decisión de los ediles al Tribunal de Cuentas

Puerto Iguazú. El Concejo Deliberante local y la Cámara de Representantes de la Provincia firmarán un convenio de colaboración, a fin de brindar experiencia y asesoramiento para la reglamentación de la Carta Orgánica Municipal y la confección del digesto legislativo local.

Así lo confirmó el presidente del cuerpo deliberativo local, Luis Sánchez. Lo anterior se produce en un escenario político particular, ya que la Carta Orgánica es motivo de gran polémica porque los ediles quieren ejercer como organismo de contralor al Departamento Ejecutivo Municipal (Dem) y hasta existe un fallo del Superior Tribual de Justicia a favor del Concejo en la citada disputa.

Además el Concejo no dio lugar al pedido de prórroga de presentación de la memoria y balance del ejercicio 2009 que realizó el Departamento Ejecutivo y será elevada la determinación al Tribunal de Cuentas de la provincia.
El término estipulado para la presentación de los índices de gastos del Ejecutivo era el 30 de marzo, al vencer ese plazo, los ediles intimaron a los funcionarios locales a presentarlo en abril situación que tampoco ocurrió y pidieron una prórroga para fines de junio. El asesor contable del municipio había manifestado que "no podía cerrar los números de noviembre y diciembre", según contó la edil Alicia Franconi.

A comisión

En la sesión del jueves por la noche, la mayoría de los ediles decidió volver a comisión un proyecto del concejal Salvador Morel, para reglamentar un solo artículo de la Carta Magna. Se trata del apartado 44, el cual establece "la solidaridad de los funcionarios públicos que integran el Gobierno municipal para el cual se causen daño y perjuicios a terceros o al erario municipal por actos irregulares u omisiones realizadas en ejercicio de sus funciones".

La intención fue que ante una demanda se individualice al funcionario o a los directivos públicos acusados de supuestos hechos irregulares y que debiera pagar con sus bienes particulares con el fin de resguardar el patrimonio municipal. 

Sin embargo, los puntos del proyecto no fueron claros y para el concejal Roberto Arévalo, la iniciativa presentada "viola el código de procesamiento. Ya está escrito la solidaridad, es reglamentar algo que ya se entiende y que no se haya hecho hasta hoy es otra cuestión. Cuando se habla de funcionarios se habla de todos los empleados, no sólo el intendente", explicó Arévalo y señaló que "yo no veo la claridad que ve su asesor jurídico".

"Hay una voluntad de empezar a transparentar gestiones y esto se puede modificar en los términos jurídicos, como también se puede mejorar nuestra Carta Orgánica, la cual tiene muchos vacíos a pesar de su reglamentación", aseguró Franconi.