Publicado: 25-10-2011 
  
Córdoba.- El intendente y diputado nacional electo se defendió ayer con documentación ante la denuncia de tribunos de Cuentas.

Luego de consagrarse diputado nacional electo, Daniel Giacomino se presentó ayer a declarar ante la Justicia. Durante más de una hora, el intendente fue indagado ayer por el fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo en el marco de la causa que se le sigue por una denuncia de miembros del Tribunal de Cuentas Municipal por "abuso de autoridad", en torno al contrato por la concesión de la tarjeta electrónica del transporte.

Por consejo de su abogado José Buteler, el jefe comunal ejerció su defensa y a la salida del trámite concretado en el Palacio de Tribunales I señaló que no hay motivo para la imputación. "Creo que todo ha sido realizado en concordancia con el procedimiento administrativo, así que estoy tranquilo", señaló brevemente.

Quien se explayó respecto de ese punto, fue Buteler y sostuvo que "hay que aclarar que no ha sido imputado de una manera normal, sino en una forma mucho más debilitada, de apenas de sospecha; la otra es de bastante sospecha".

"Es solamente para oírlo frente a la denuncia que se efectuó en marzo", señaló el abogado que añadió que el intendente "acompañó una serie de documentación debidamente autenticada". La referencia de Buteler tiene que ver con que se trata de una imputación a tenor del artículo 306 in fine (del Código Procesal provincial), según lo confirmó una fuente de la Fiscalía. Esta modalidad se dispone cuando existen elementos de sospecha respecto de la comisión de un delito pero no son suficientes para cobrar mayor relevancia. La norma indica que al imputado no se le restringe la libertad, no se asienta el antecedente en su prontuario y se lo cita para tomarle declaración y que aporte pruebas si lo desea.

Sobre Giacomino pesa la figura de "abuso de autoridad", a partir de la denuncia presentada por miembros del Tribunal de Cuentas (juecistas y radicales) que sostiene que no recibieron en tiempo y forma sus objeciones a la firma del contrato por la tarjeta electrónica del transporte urbano, finalmente adjudicado a Siemens IT.

También sufre igual acusación Andrea Larisa Diéguez, quien estaba a cargo de la Oficialía Mayor (la oficina que recibe esas presentaciones). Sobre esta funcionaria que ya declaró en la causa el martes pasado, pesa además el cargo de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Buteler manifestó ayer que está "absolutamente convencido" de que el intendente "no ha cometido ningún delito" y que además de haber ejercido en plenitud sus facultades, se ha hecho eco del Tribunal de Cuentas y de las disposiciones vigentes. Hidalgo investiga, casi siete meses después, ese tironeo por los plazos legales, pero no avanzará sobre el contrato.

El vínculo con Siemens IT regirá por 10 años y supone un negocio superior a los 400 millones de pesos.

La empresa se quedará con el 8,4 por ciento del precio de cada boleto de transporte, a pesar de que el pliego de la licitación fijaba un tope máximo del siete por ciento para la intermediación. La concesionaria ya arrancó con la distribución de 600 mil tarjetas electrónicas para erradicar en forma definitiva los cospeles.


Legislador electo

Inmunidad. Tanto en la Provincia como en la Nación, actualmente los legisladores –que tienen fueros– pueden ser investigados y hasta juzgados, pero no pueden ser detenidos si no son destituidos.

Comuneros. La protección de Giacomino ante la Justicia es por su condición de legislador electo. Los jefes comunales o intendentes carecen de inmunidad ante la Justicia.