Hidrovía: denunciaron maniobras millonarias por un decreto de Cristina
Publicado: 11-08-2011
EL NEGOCIO DE LA EMPRESA QUE COBRA EL PEAJE A LOS BUQUES DE ULTRAMAR QUE CARGAN CEREALES EN ROSARIO.
Es porque prorrogó la concesión 8 años más sin llamar a licitación y sin control.
El abogado Francisco Pizarro Posse amplió la denuncia penal contra el consorcio Hidrovía S.A., que maneja el rentable sistema de canales de navegación que unen Santa Fe con el océano.
La firma está en manos de Gabriel Romero -concesionario del Ferrocarril Belgrano y otros servicios públicos-, y la compañía belga Jan de Nul. Romero tiene muy buenos vínculos con el Gobierno. En el 2009 participó de una cena de empresarios con Cristina en Olivos. De Nul estuvo investigado en Bélgica por corromper a un funcionario.
Pizarro Posse fue el denunciante que originó este expediente que lleva 15 años en Tribunales. Antes de la feria judicial de julio, se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitando se suspendan las obras hasta que se esclarezcan los nuevos hechos denunciados, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Consultados por este diario, voceros de la compañía Hidrovía dijeron que el último proceso de renegociación se dio en "los términos que indica la ley" y que no podían opinar sobre la nueva denuncia porque aún no fueron notificados.
Luego de un complejo proceso de renegociación, Cristina Kirchner firmó el decreto 113/2010 y sin mediar licitación, como corresponde en estos casos, le otorgó a Hidrovías S.A. un tramo muchísimo mayor -1100 km- para ampliar los canales hasta llegar a Asunción y le prorrogó la concesión ocho años más, hasta el 2021. Dijo que fue a cambio de que la empresa renunciara a juicios contra el Estado.
Se trata de un negocio enorme
En 2009, por ejemplo, se exportaron 18 mil millones de dólares desde esa vía concesionada por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias del país (Ver "Quejas ..."). Según, el denunciante Hidrovía tuvo entre el 2007 y el 2009 "una ganancia anual de 120 millones de dólares".
Además, el abogado pidió a la justicia que investigue por qué la empresa "cuadriplicó sus gastos en honorarios". Por ejemplo, en el 2007 dijo que gastó 60 millones en ese rubro.
Con el decreto de Cristina, el Estado le dará a Hidrovía un subsidio total de U$S 112.500.000 en tres años para ayudar en la ampliación de la primera etapa de dragado del canal (que va desde Santa Fe a Confluencia). Además, del peaje que le cobra a los buques de ultramar por transitar por el canal. El denunciante dice que Hidrovías lo aumentó en un "81 % en dólares".
Todo el proceso de renegociación fue impugnado en 2009 por Eduardo Mondino cuando era Defensor del Pueblo de la Nación en un durísimo informe (ver aparte).
La seguidilla de revisiones, modificaciones y prórrogas del contrato -desde 1995 a esta parte fue objetada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Oficina Anticorrupción (OA) que se presentó como querellante. En 2005, quien era el titular del organismo, Abel Fleitas de Rozas, sostuvo que "esta licitación estuvo armada para beneficiar al consorcio que resultó ganador". Además, la oposición no avaló el acuerdo en el Congreso.
La causa judicial tuvo un destino errante: se abrió en 1995 denunciando una maniobra que incluía la ampliación de la concesión apenas comenzada la obra; la dolarización de la tarifa con un decreto que contradecía la ley de pesificación post crisis de 2001, y la falta de constitución del ente regulador del servicio. Este órgano tampoco fue creado al día de hoy.
En un trámite veloz, Canicoba Corral sobreseyó a todos los empresarios y funcionarios denunciados pero el fiscal Gerardo Pollicita apeló la medida basándose justamente en la premura de la decisión. La sala II de la Cámara Federal ordenó en 2005 la reapertura y pocos meses después Canicoba citó a funcionarios menemistas. Sin embargo, en el avance del trámite, el caso volvió a Cámara donde se dictó la falta de mérito para los involucrados pero los imputados de Hidrovías decidieron ir a la Cámara de Casación, para conseguir el sobreseimiento. Esa respuesta todavía no llegó.