La Auditoría General de la Nación realizó un informe reservado sobre el estado contable de Lotería Nacional. El resultado arrojó que existen evidencias de "operaciones inusuales" y sospechas concretas de lavado de activos
La resolución es tajante. La Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que existen sospechas concretas de que Lotería Nacional S.E pudo haber incurrido en operaciones fraudulentas y lavado de activos. Las alertas surgieron de la auditoría que se realizó sobre el estado contable del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y que, en mayo de este año, tomo el carácter de reservado producto de las alertas e inconsistencias que surgieron de lo evaluado.

El 31 de mayo pasado, la AGN le remitió vía carta formal a Unidad de Información Financiera (UIF) una copia de la documentación revisada y le solicitó que se dispongan las investigaciones correspondientes para determinar en qué consistieron las operaciones financieras realizadas por Lotería.

La AGN le informó a la UIF que el trabajo realizado "consistió básicamente en la ejecución de procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios de acuerdo con las circunstancias, mediante la realización de pruebas en forma selectiva". La misiva, aprobada por el colegio de auditores, sostiene que "de la aplicación de dichos procedimientos se evidencian operaciones inusuales sobre las que, efectuada la valoración especial de las circunstancias que las caracterizan, no surgieron justificaciones que permitan descartarlas de la consideración de sospechosas de lavado de activos, por lo que corresponde su comunicación a la Unidad de Información Financiera". Además se aclara que "en razón de la confidencialidad que requieren los trámites relacionados con la investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, corresponde asignar el carácter de reservado a la misma".
Infobae accedió a la documentación que certifica lo actuado por la AGN y a los detalles del trabajo de campo realizado sobre el balance 2014 de Lotería, que finalizó el 17 de noviembre de 2016. Además de la aparición de operaciones sospechosas con fondos públicos y manejos irregulares, el trabajo de la AGN puso a Lotería casi a un nivel amateur y artesanal en términos de control y gestión. Tal es así que, según lo revisado, Lotería Nacional ni siquiera está en condiciones de controlar los premios que pagan las distintas agencias: "No se realiza control sobre los premios pagados en las agencias (tickets premiados y validadores emitidos por el sistema de juegos). En consecuencia no se tiene certeza de que los pagos de premios en las agencias se hubieran realizado de acuerdo a lo previsto. Después del sorteo se acredita a la agencia el monto de los premios vendidos en ella y no se verifica, ni siquiera en forma aleatoria, los que efectivamente se pagaron y los que no".

En cuanto a la tecnología utilizada en materia de software de gestión y control, la evaluación fue lapidaria: libre vía a contraseñas para el acceso a la asignación de premios y hasta un control financiero cargado manualmente en una "planilla excel". Incluso se deja evidencia de la precariedad del sistema informático utilizado, que va desde el manejo financiero hasta el control de premios, el estudio determinó que el acceso es libre en todos los sentidos y es absolutamente fácil de copiar, adulterar, modificar y hackear, como así también expuesto al robo de información sensible.
Durante todos los años del kirchnerismo, Lotería Nacional estuvo bajo el control de Roberto López, hombre ajeno al engranaje íntimo del kirchnerismo pero clave y de confianza para la familia Kirchner. La historia de López es particular: a él le ganó Kirchner su primera elección. Fue por 117 votos en la pelea por la intendencia de Río Gallegos. López dejó la gestión nacional en diciembre de 2015 y se mudó al sur, para seguir haciendo lo mismo pero en Santa Cruz: es el presidente de Lotería de la provincia patagónica. En los doce años que estuvo en el Ejecutivo Nacional, según su declaración jurada de salida presentada ante la Oficina Anticorrupción, su patrimonio aumentó 77 veces. Pasó de $38.664 a $2.977.899. Incluso compró terrenos en un country de la provincia de Buenos Aires por más de 100 mil dólares pero nunca los declaró. Ahora la UIF investiga su gestión -como responsable de la entidad- por lavado de activos con fondos públicos y desde un organismo oficial. 

El informe elevado a la UIF sigue siendo reservado. Por su calificación de confidencial, la cantidad de operaciones y los montos por los cuales fueron realizadas no son de acceso público. Pero, según confirmó Infobae, se tratarían de transacciones irregulares por varios millones de pesos.