El titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, rechazó que el organismo intervenga por el polémico acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino por una deuda de 2001, luego de que hiciera esa solicitud el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

"No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoria después de que se armó el escándalo", afirmó Lamberto.

En conferencia de prensa, Peña volvió a defender el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, empresa propiedad de Franco Macri, y pidió la intervención de la AGN y que se realice una audiencia "urgente" de la Cámara federal para que aborde de "forma integral" el tema. Esto es: que se tengan en cuenta los reclamos de ambas partes. 

La polémica gira en torno a un acuerdo que el Gobierno avaló para que el Correo salde una deuda de más de $ 300 millones que mantiene desde hace 15 años. La empresa ofreció pagar $ 555 millones en cuotas desde fines de este año hasta 2033. 

La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, consideró que la homologación de ese acuerdo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma. Para el Gobierno, en cambio, todo se hizo de forma transparente, y asegura que no se le perdonó "ni un mango" al padre del Presidente.

En su dictamen ante lo que deberán resolver los camaristas del fuero, Boquin advirtió que la propuesta llevaría a una quita de $70 mil millones a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta "que directa o indirectamente beneficie" a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri. El Gobierno había aceptado la propuesta de Correo Argentino en junio del año pasado. 

La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033.

Asimismo, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Boquin destacó que "la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA".

El Estado Nacional es titular del 32,65% del pasivo concursal de la firma. La segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia (del 28 de junio de 2016)- "mejoraba" el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que "el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%", de acuerdo con el cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. 

La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad "es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional". "Familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie", apuntó la fiscal.


• Convocan a la Bicameral para que habilite a la Auditoria a expedirse sobre el contrato Estado-Correo


El presidente de la comisión bicameral Revisora de Cuentas, el senador José Mayans (Frente para la Victoria-PJ), convocará para el miércoles de la próxima semana a ese cuerpo con el fin de instruir a la Auditoria General de la Nación (AGN) que se expida sobre el controvertido convenio entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A.

Así, con el pedido de Cambiemos canalizado por Mayans, la comisión pondrá a consideración de sus miembros la posibilidad de instruir a la AGN que avance con el análisis del contrato.

Además de Mayans, integran la comisión los también justicialistas Miguel Pichetto y Rodolfo Solanas y los kirchneristas Carlos Castagneto, Virginia García y Marcelo Fuentes, todos del FPV-PJ.

Con esos seis legisladores se ocupa la mitad de las sillas de la comisión, en tanto que las seis restantes pertenecen al oficialismo (tres de la UCR y uno del PRO), al massismo y al peronismo salteño.

La decisión del sector del justicialismo no kirchnerista de acompañar el pedido del oficialismo bastaría para que esa posición se imponga en la reunión del próximo miércoles.