Las empresas concesionarias no presentaron estudios de impacto ambiental y social, y la Secretaria de Medio Ambiente no convocó a las audiencias públicas.

Salta.- Los expedientes para aprobación de desmontes en Salta Forestal no cumplieron con las exigencias de la ley 7070, "constituyendo una grave irregularidad en el proceso administrativo", reveló el informe de avance de la Auditoría General de la Provincia. 

Según el organismo de control, las empresas concesionarias no presentaron estudios de impacto ambiental y social, y la Secretaria de Medio Ambiente no convocó a las audiencias públicas obligatorias. 

El informe destaca, según lo informado en Radio Aries, la "celeridad con la que se aprobaron los planes de desmontes, de octubre a diciembre de 2007", lo que según el informe "supone un exiguo tiempo para el análisis de un proyecto productivo para el desmonte de casi 14 mil hectáreas" en ese caso puntual. 

Además, la secretaría de Ambiente aprobó los desmontes sin hacer cumplir la ley, basada en el dictamen del programa de asesoría legal y "dándole más fuerza jurídica que a la provincia ley provincial, omitiendo la participación de mas de 2 mil habitantes que vivían en la finca" en la consulta. 

El informe, como lo destaca Aries, también señala que "la secretaria de Ambiente incurrió en un trato distinto y preferencial y la situación se agrava por tratarse de tierras fiscales en una superficie de 330.000 hectáreas". 

También precisó que "costó obtener la información solicitada y se insistirá ante la Secretaria de Política Ambiental, del Ministerio de Ambiente, y la de secretaria de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Económico". 

Entre otras conclusiones del informe preliminar, la Auditoría concluyó que en Salta Forestal "no se realizaron inversiones en actividades ganaderas y forestales ni se realizaron inversiones en urbanizaciones proyectadas y desde el año 2000 se desarrolla un proceso de exclusión de la gente, con migración masiva de pobladores a ciudades y pueblos". 

Finalmente destaca que "la actividad constituye un excelente negocio para los concesionarios, pero no para la Provincia ni para el municipio que incluso debe hacerse cargo del pasivo social". 

La Auditoría recomienda que la provincia exija la inversión comprometida.