La Fiscalía de Estado no tiene actuaciones atrasadas para recuperar tierras fiscales irregularmente adjudicadas, sino que el organismo encargado de darle expedientes con casos de ese tipo, remitió hasta ahora sólo cuatro carpetas, dijo ayer el fiscal Osvaldo Simoni.

Simoni, en declaraciones a FM Universidad, dijo que el tema "es largo y complejo. Largo porque yo estoy tomando intervención en temas relacionados con la venta de tierras públicas desde hace por lo menos dos o tres años, ante pedidos de informes que me hizo la Legislatura, y en base a un último dictamen, el Instituto de Colonización, con sus actuales autoridades, lleva adelante una tarea de revisión de muchísimos casos, porque en el informe del fiscal París, del Tribunal de Cuentas, se hizo una investigación basada en un muestreo, no en revisar todos los expedientes, porque tenía un problema de tiempo y porque es un tema muy complejo para que una sola persona haga esa investigación".

El funcionario recordó que en su momento dictaminó que el propio Instituto debía revisar sus actuaciones, y comentó que ahora su actuación se refiere a cuatro casos en los que se iniciaron acciones de lesividad, es decir planteando que las ventas son nulas por no haberse cumplido con pautas constitucionales y legales sobre tierras públicas.

No llegaron 50 causas

La semana pasada el fiscal hizo un informe a la presidenta de la Legislatura, al gobernador y al interventor del Instituto, sobre la marcha de esas causas. "Nosotros los expedientes que estamos recibiendo inmediatamente iniciamos las acciones judiciales ante la fiscalía. Pero todo lo que nos mandaron ya lo hicimos, no estamos atrasados en nada", afirmó.

A esto sumó que "no es fácil definir lo que se hace en cada caso, porque las situaciones que se plantean en cada adjudicación tiene sus particularidades, y eso lleva su tiempo, porque Colonización tiene que hacer ese trabajo a conciencia y razonablemente, no puede meter todos los casos en una misma bolsa y mandarnos las actuaciones a nosotros. Ellos tienen que indicar cuáles son las irregularidades en cada caso, y de eso se está ocupando el Instituto, y si bien no tiene la celeridad que todos quisiéramos que tuviera, creo que el Instituto está actuando correctamente", sostuvo.

En cuanto a lo publicado en los medios, donde se habla de 50 causas enviadas por Colonización a la Fiscalía de Estado, dijo que "eso no es así, solamente llegaron cuatro en condiciones de iniciar la acción de lesividad. Por supuesto que estamos esperando que lleguen las demás actuaciones, que son muchísimas, y ahí vamos a ver si tenemos recursos humanos suficientes como para poder atender todas esas causas, porque si son 1.500 expedientes como se está hablando, por más esfuerzo personal que hagan los abogados que yo tengo acá, tendríamos que dedicar la Fiscalía de Estado pura y exclusivamente a atender el tema tierras, y debemos atender también otras múltiples causas que diariamente estamos recibiendo".

Debe actuar la FIA

Uno de los denunciantes de las irregularidades, José Luis Rivero, jefe de la División Títulos de Colonización, dijo que espera que la Fiscalía de Estado sea parte querellante en las causas que él elevó. "No conozco esos casos, pero además hay un error técnico, jurídico y conceptual por parte de Rivero, porque en realidad la intervención de la Fiscalía de Estado nunca se hizo como querellante en casos como éste, porque como está cuestionada la actuación de empleados y funcionarios del Estado, la ley de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas les atribuye a ellos la competencia exclusiva para presentarse como querellantes en causas penales. Nosotros podemos intervenir como actor civil, en defensa del patrimonio del Estado. El que sí debería intervenir y creo que lo está haciendo, es el fiscal de Investigaciones Administrativas", indicó.

Luego, al ser consultado sobre las características de las cuatro causas en marcha, dijo que el objetivo es dejar sin efecto las adjudicaciones "que el Instituto hizo en su momento en contra de lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, y estamos dando también intervención a los terceros que probablemente se verán perjudicados".

Simoni dijo que el Estado tenía dos caminos para actuar. Uno de ellos eran las acciones de lesividad, y el otro la expropiación. "A mí me pareció éticamente inapropiado hacer expropiaciones, porque íbamos a terminar pagando una indemnización a quien había violado la ley. Yo siempre sugerí la reversión por vía de las acciones de lesividad, que es un camino más largo pero más justo", afirmó.