CABA.- La promesa de un proyecto de ley "ni chauvinista ni xenofóbico" del Poder Ejecutivo para regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras fue uno de los grandes anuncios de la presidenta Cristina Fernández frente a una agenda legislativa que se presume acotada ante este año electoral. Al mismo tiempo, puso de manifiesto una situación que viene siendo denunciada desde hace tiempo desde diferentes ámbitos.

Dos informes de la Auditoría General de la Nación de hace unos años habían alertado irregularidades en la compra de tierras de la Patagonia, Corrientes y Misiones, y decenas de artículos en diferentes medios venían advirtiendo la necesidad de abordar un proceso que hasta el momento estaba sometido a escasos controles, con dramáticas consecuencias en todo elpaís, como persecuciones a punta de pistola, desplazamiento forzado de pueblos originarios de sus tierras y renuncia por parte del Estado al control de recursos naturales estratégicos.

Dichas consecuencias no sólo ponen de manifiesto el problema de la extranjerización de tierras, sino también su concentración, tanto de propietarios extranjeros como nacionales, y consecuentemente el manejo del negocio agropecuario en pocas manos. Un abordaje integral de este proceso demanda, pues, una urgente consideración de parte de todas las fuerzas políticas.

Hay en la actualidad unas 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros, fundamentalmente en zonas de abundantes recursos naturales. Pero el proceso de concentración también viene de larga data. El Censo Nacional Agropecuario de 2008 que elabora el INDEC ya mostraba un 17% menos de explotaciones agropecuarias que el de 2002, es decir, una reducción de 57.000 explotaciones en seis años.

También hay casos emblemáticos en la Patagonia y en otras provincias. Mendoza, por ejemplo, posee en la actualidad más de 250.000 hectáreas en manos de italianos, franceses, ingleses, estadounidenses y españoles, entre otros. Atraídos por la expansión y el desarrollo de la industria vitivinícola, inversores malayos adquirieron otras 250.000 hectáreas en la zona de Malargüe, incluyendo terrenos fiscales adquiridos por ley a puesteros del lugar. Se calcula que un 3% del territorio provincial pertenece a extranjeros, según informó el mes pasado un diario local ("Mendoza en manos extranjeras", Diario Uno, 7 de febrero).

De igual modo, no son pocas las denuncias que en los últimos años han revelado este paulatino proceso de concentración y extranjerización. Un informe de hace unos años con el título de "Hambre en el país de la tierra", de Le Monde Diplomatique, ha sido contundente en cuanto a los números que ese proceso refleja. Veamos, por lo tanto, quiénes son algunos de los grandes terratenientes extranjeros y argentinos.

Con nombres propios

Uno de los mayores terratenientes es el grupo que encabeza el empresario textil italiano Luciano Benetton, que posee alrededor de 900.000 hectáreas en la Patagonia. Presente en 120 países, la empresa produce en la Argentina alrededor de un millón de kilos anuales de lana. Otro de los grandes latifundistas es el Grupo Cresud, cuyo principal inversionista es el húngaro George Soros, que posee la mitad de la extensión de tierras de Benetton, aunque gran parte de ellas en la región pampeana. La primera empresa nacional en cantidad de hectáreas es Bunge y Born, que cuenta con alrededor de 260.000 hectáreas, de las cuales 110.000 están en la provincia de Buenos Aires. Si se sumaran esta cantidad junto a las del grupo de Amalia Lacroze de Fortabat, que posee 220.000, se alcanzarían casi los 2 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Bélgica.

Un informe del economista Eduardo Basualdo, quien desde hace años lidera un estudio en el área de Economía y Tecnología de la la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), afirma que en la zona pampeana más de un 80% de la producción agrícola sigue en las mismas manos desde hace más de un siglo, fundamentalmente entre propietarios de más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Esos actores, decisivos en el conflicto agrario de 2008, concentran la producción agrícola en sus tierras y en otras que ellos mismos arriendan. Del mismo modo, un artículo de David Cufré {Página 12, 13/7/2008) en pleno conflicto por la 125, señalaba que cinco grupos económicos y 35 grupos agropecuarios habían logrado ampliar sus dominios en el campo, donde Bunge & Born, Loma Negra, Bemberg, Werthein y Ledesma poseían 396.765 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, lo que arrojaba un promedio de 79.353 hectáreas cada uno, con ganancias obtenidas a partir de la extraordinaria renta agraria. La provincia de Buenos Aires, en total, posee 1.294 propietarios con más de 2.500 hectáreas, de los cuales 53 concentran más de 20 mil, donde hay familias de la aristocracia como los Anchorena, Bullrich o Udaondo, que dieron origen a la Sociedad Rural.

Según Basualdo, fueron los que en definitiva impulsaron economías de escala introduciendo el modelo de agronegocios de la actualidad.

El correlato de esta concentración en el complejo exportador es evidente. En 2002 sólo tres empresas, Cargill, Bunge y Dreyfus, manejaron casi la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas por un total de 49 millones de toneladas. Si bien fueron las más beneficiadas con la devaluación y las de mayores ganancias de todo el sector agropecuario, lo que entre otras cosas les permitió cancelar deudas con el Banco Provincia por $140 millones entre 2002 y 2003, oficinas de Cargill y Bunge acaban de ser allanadas sospechadas de licuar operaciones en negro a través de sociedades fantasmas para evadir impuestos.

El caso a imitar


Según palabras de la propia Presidenta, se imitará el modelo brasileño. El año pasado en Brasil se establecieron valores máximos para la compra de tierras por parte de firmas extranjeras o brasileñas de capitales extranjeros. Dependiendo la zona del país, se fijó entre 250 y 5.000 las hectáreas a comprar por parte de los interesados, y al mismo tiempo la reglamentación estableció que la suma de las áreas adquiridas por las compañías bajo control extranjero no podrían superar el 25% del tamaño de cada municipio (de allí la diferencia en cuanto a cantidad de hectáreas según la zona). De esta manera, el Gobierno buscó poner fin a un resquicio legal en la ley de 1971 sancionada por la dictadura, que permitía a extranjeros soslayar las restricciones establecidas mediante la creación de una empresa con sede en Brasil. Se obligó así a que las adquisiciones de tierras por empresas locales, pero controladas por capitales extranjeros, deban ser registradas públicamente y comunicadas al Ministerio de Desarrollo de Tierras, siguiendo con la pauta constitucional que obliga al Estado a regular el capital extranjero en sectores considerados estratégicos, como lo es tener jurisdicción sobre su territorio y los recursos naturales que el mismo posee.

Conclusiones


El proceso de extranjerización y concentración de la tierra requiere de una inmediata consideración que compense años de descuido sobre un tema que ha generado graves consecuencias sociales y económicas para el país.

Los nuevos términos de soberanía ya no solamente se reducen a la cohesión : territorial en términos nacionales, sino también al control del capital extranjero trasnacional que avanza incesantemente en países emergentes ricos en recursos naturales. Esta inquietud no solamente comprende a las naciones directamente involucradas en este proceso, sino que además constituye un tema de preocupación internacional. Su expresión económica más reciente ha sido la volatilidad de los precios del trigo, el maíz y la soja, no por la constante demanda internacional de otros países sino por la especulación financiera por parte de capitales lanzados a buscar refugio en inversiones seguras, como lo son los commodities latinoamericanos, tal como informó este diario en su edición del domingo pasado a partir de un informe conjunto de la CEPAL, la Oficina Regional de la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Para resguardarse de ese proceso y evitar que dicha extranjerización y concentración se profundice, la Argentina está obligada a ratificar la soberanía sobre sus recursos y ordenar los arrendamientos, promoviendo una legislación moderna que sea resultado del consenso de las diferentes fuerzas políticas, lo que además produciría un reequilibrio demográfico evitando el desplazamiento forzado de personas, de manera de terminar con este tipo de atropellos y avasallamiento de derechos que fuera de las grandes ciudades se vienen cometiendo en el país desde hace tiempo.