La Oficina Anticorrupción pidió hoy que el ex ministro de Planificación Julio De Vido vaya a juicio oral en la causa que investiga la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la OA destacó el rol de De Vido, jefe directo de Jaime, y el estado deplorable de los trenes adquiridos por más de 100 millones de euros.

"De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos y, también, omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte, que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos", dice el escrito.

El ex ministro de Planificación fue procesado por el juez Julián Ercolini hace un año por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como participe del cohecho, ya que Jaime y su testaferro Manuel Vázquez cobraron 2 millones de euros en coimas que se canalizaron a través de la empresa CAESA.

En ese fallo, Ercolini había destacado el rol del ex ministro y ahora candidato a senador Florencio Randazzo: "Fue el propio ministro (de Interior y Transporte) el que instruyó a las distintas dependencias para que entregara a la AGN toda la información disponible".

Ahora, en su rol de querellante, la Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de De Vido por la compra irregular a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE (76.313.108 de euros), y a la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses (25.639.896 de euros).

"Se firmaron acuerdos, contratos y adendas entre el ministerio que dirigía De Vido y la Secretaría de Transporte de la Nación, que estaba a cargo de Ricardo Jaime, a través de los cuales el Estado nacional adquirió material rodante obsoleto con sobreprecio, en muchos casos en un estado inservible", manifestó el organismo que conduce Laura Alonso.

De Vido ingresó a la causa en una segunda tanda. Para entonces ya estaban procesados Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, un ex funcionario del área de Transporte que controló el material rodante.

Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y además no hubo controles cuando los trenes llegaron al país. En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detectó que de las 46 unidades, 36 estaban fuera de servicio y 10 para desguace.