Ni para helicópteros ni para aviones ni para barcos. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) declaró que le resulta "imposible" establecer precios testigo o valores de referencia para seis de las últimas compras que encararon distintas áreas del Estado por casi $ 400 millones, en tanto que no participó en otras cuatro operaciones, según surge del Boletín Oficial.

La inacción de la Sigen se apoya, al menos en parte, en la resolución 122/2010, que en septiembre último reformó el llamado Sistema de Precios Testigo, que ahora cuenta con tres categorías posibles: los precios testigo en sí, los valores "de referencia" y los valores "indicativos".

En seis de las últimas órdenes de compra, la Sigen notificó su "imposibilidad" de ofrecer parámetros para las cotizaciones. Ocurrió en las disposiciones 874, 877, 878, 888, 893 y 899 -todas de 2010-, que firmó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por más de 278 millones de pesos.

En dos de esas compras -la 874, para embarcaciones para la Prefectura Naval, y la 888, para el alquiler de buques (polar y rompehielos) y helicópteros para el Ministerio de Defensa-, la Sigen aclaró que no podía estimar los precios correctos dada la "especificidad" de las adquisiciones.

"Hay excepciones al régimen", explicó un experto de la Sigen a La Nacion. "Por ejemplo, para obras públicas o cuando se trata de una contratación de un bien o un servicio tan específico que resulta imposible buscar valores en el mercado o, como mucho, darías el valor de la empresa que a su vez está ofertando para esa compra", estimó.

Por el contrario, en otras tres disposiciones -la 877, de aviones para Prefectura; la 878, para adquirir vehículos hidrantes para la Policía Federal, y la 893, para la compra de helicópteros para la Gendarmería-, no consta en el Boletín Oficial cuáles fueron las razones de su silencio.

En la disposición 877, sin embargo, el Gobierno adquirió dos aviones Beechcraft por US$ 27,9 millones. Esas mismas aeronaves, según la revista Business Jet Traveler Buyers' Guide 2010 , cuestan recién salidas de fábrica entre 6,4 y 7,8 millones de dólares por unidad, a lo cual deben añadirse los artefactos específicos de vigilancia.

"Incluso con los adicionales y aunque los equipen con los laboratorios de la NASA pueden llegar a ese monto", ironizó un experto de sector aeronáutico a La Nacion, que detalló, además, que la Prefectura pretendía adquirir otros aviones, los CASA 212, para estandarizar su flota, pero terminó por adquirir el otro modelo.

Por último, en el caso de la disposición 899/10, la Sigen no ofreció precios "testigo", aunque sí "valores de referencia" para la compra de "gasoil naval a granel" para la Armada, destinado a las "unidades navales de la flota de mar y fuerza de submarinos".

Lo curioso es que en otra compra, la 939/10, para la adquisición de "equipamiento informático" para la Dirección Nacional de Migraciones, la Sindicatura sí brindó un precio testigo. Pero su tasación fue descartada porque "las capacidades y funcionalidades potenciadas" que se buscaban "no fueron consideradas" por la Sigen.

Por último, en otras cuatro compras -las 700, 891, 896 y 897-, la Sindicatura no intervino, según surge del Boletín Oficial, por otros 105 millones de pesos.

Dos de ellas correspondieron al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para su Biblioteca Electrónica; otra fue para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Otra vez, la Sigen no intervino por su "especificidad".