Publicado: 12-05-2014
 
CABA.- Luego del reciente informe al Congreso del jefe de Gabinete de ministros de la Nación, surge la necesidad de organismos de control encientes para jerarquizar la gestión.

El nuevo informe del jefe del Gabinete de ministros de la Nación ante el Congreso, motivó duras réplicas por las distintas objeciones surgidas ante la falta de precisiones sobre el funcionamiento de los organismos de control. De hecho, la acefalía de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y la inactividad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, fueron señaladas como severas falencias que deben ser corregidas a la brevedad. Nunca es casual la demora para designar funcionarios en organismos de esta índole, pero cuando esa demora se extiende durante largo tiempo, se puede inferir una política de gobierno en la que los mismos, no resultan relevantes. La misión de los organismos de control consiste en investigar la corrupción y las irregularidades administrativas cometidas por funcionarios, y para ello puede acceder a información calificada. En otras épocas, ese acceso les permitía desarrollar investigaciones preliminares que luego volcaba en denuncias judiciales. Es sabido que para el oficialismo, la corrupción no es una probleníáttea asumida, más allá de constantes y crecientes escándalos que abren sospechas sobre parte de sus principales funcionarios. Ello explicaría la tendencia a parcializar o trabar la genuina labor que deben desempeñar los organismos de control. La independencia de las entidades fiscalizadoras son un requisito necesario para que el control fortalezca la rendición de cuentas. Con respecto al funcionamiento de un gobierno, hay un consenso generalizado sobre la necesidad del control público, en el sentido de definirlo como un componente inescindible de la gobernabilidad, una condición para una gestión más eficiente de legitimación social y política del Estado. Por ello también se reconoce que este mismo control, ejercido en forma aislada, no puede ser pilar ni garantía de ninguna sociedad democrática. Este aislamiento de los órganos de control externo, característica de la burocracia weberiana anterior a la reforma del Estado, fue reemplazado por el modelo de la nueva gestión pública que pregona una interdependencia institucional. Para poder probar si un control que puede constituirse en instrumento rutinario de la gestión pública, fortalece la responsabilidad de los funcionarios que actúan en el marco de las reformas del Estado operadas en los últimos años, se debe comparar el desempeño de estas entidades con características diferentes desde el contexto socio-económico y político-cultural en que se desarrollan asi como su modelo de control. Es claro que las limitaciones a la independencia de los organismos respecto a los otros poderes del Estado generan efectos negativos sobre la eficacia de su accionar y ocasionan, como impacto más notorio, una baja calidad en la gestión institucional.