Publicado: 20-11-2013

El PRO impulsa la prórroga de la Ley 4472 que le otorga facultades especiales para realizar compras, fijar tarifas y contratar en forma directa a Metrovías, la concesionaria del Grupo Roggio. Las claves de una iniciativa cuestionada.

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere extender hasta 2017 el régimen de emergencia para controlar el subte porteño. La Ley 4472, por ahora, le otorga facultades especiales hasta 2015 para hacer compras, acordar servicios, llevar adelante obras, fijar las tarifas y contratar en forma directa a Metrovías, la empresa concesionaria del Grupo Roggio, que explota el servicio desde 1994 y que este año fue beneficiada con la extensión del contrato hasta 2015, gracias a la declaración de emergencia que establece el artículo 6 de la norma votada hace menos de un año para transferir el subte de la órbita federal a la porteña.

El proyecto para extender ese régimen hasta 2017 fue presentado hace cuatro días por Macri y su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. La modificación propuesta pretende llevar el plazo de la emergencia de 2 a 4 años, aunque mantiene la opción de prórroga por un año más. Entre sus breves consideraciones, el proyecto de ley sostiene que "la Auditoría General de la Ciudad y la Universidad Tecnológica Nacional confirman que el plazo razonable de emergencia del servicio debería ser de cinco años (y no de tres), toda vez que resulta necesario contar con ese período para poder llevar a cabo las acciones de mejora indispensables que permitan lograr los niveles deseados de calidad del servicio". 

En otras palabras, la extensión de la emergencia le permitirá a la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), conducida por Juan Pablo Piccardo, tener mayor celeridad para contratar obras de mantenimiento de la red y avanzar en la construcción de las seis estaciones que faltan para terminar la Línea H, en manos de la Organización Techint. Sin embargo, uno de los aspectos clave que permite la prórroga, es contar con esas atribuciones para impulsar la construcción de la Línea F, una de las tres líneas que creó la Ley 670, un mes antes de la crisis de diciembre de 2001, bajo la gestión de Aníbal Ibarra.

En agosto de este año, SBASE comenzó los estudios de factibilidad para construir la séptima línea del servicio que deberá tener 13 estaciones con una extensión de 8,6 kilómetros y unir el barrio de Constitución con Plaza Italia a través de la Avenida Entre Ríos-Callao. Los costos estimados para esta obra son de 500 millones de dólares y su finalización está prevista para 2018, un año después del vencimiento de la nueva extensión de la emergencia. Esta nueva obra pública es un negocio que SBASE podrá desarrollar al amparo de la nueva emergencia, un recurso que le permitiría a la comuna llevar adelante un modelo de construcción "llave en mano", como el que el gobierno PRO intentó en 2011 con el Eximbank de China para construir la línea G, prevista por la vieja ley 670. 

La renovación de la operación del servicio en manos de Metrovías fue firmada este año entre SBASE y el Grupo Roggio. "Desde ningún punto esta prórroga en la emergencia es para beneficiar a la concesionaria Metrovías", explicaron a este diario los voceros de SBASE, aunque el último punto del artículo dedicado a la emergencia del servicio, le permite al Estado porteño "contratar en forma directa con Metrovías y suscribir el correspondiente acuerdo de operación y mantenimiento". La reforma impulsada por Macri sólo extiende los plazos de la emergencia, pero en ningún momento cambia sus facultades especiales. El PRO espera sacar esa norma antes del 10 de diciembre, dentro de un paquete de 42 leyes que requiere los votos del PRO y de otros bloques opositores, como el Frente para la Victoria.