A leyes de oposición que intercambió por propias

Era casi una certeza que tras el paquetazo de leyes de trasnoche que terminó aprobando la Legislatura porteña antes del recambio de bancas del 10 de diciembre pasado, el jefe de Gobierno rechazara al menos una porción de esas iniciativas.

Es que en ese momento el macrismo, que no lograba destrabar la sanción de las normas principales, como el Presupuesto 2010, o la que le permite ahora a Mauricio Macri emitir papeles de deuda, pactó con los bloques de la oposición aprobar iniciativas de diverso impacto. Inclusive, hubo un paquete que ni siquiera se sometió a debate en el recinto y se aprobó a libro cerrado. Por eso, la oposición reclamará al PRO que aporte los votos para llegar a la mayoría especial de dos tercios e insistir con la sanción de las normas, en reclamo de que cumpla los acuerdos legislativos. «De otra forma no hay que acordar más leyes con el PRO, sino con el Ejecutivo», sintetizó el titular del bloque peronista, Diego Kravetz.

Esta semana Macri comenzó la lista de los vetos. El martes aplazó cuatro leyes y ayer otras tres, dentro de las cuales se encuentra tanto la prohibición de usar máquinas sopladoras para el barrido de calles como un subsidio de $ 72 mil para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Tampoco estuvo de acuerdo con la creación de un registro de presos políticos que llevó al recinto el ultrakirchnerista Juan Cabandié, ni con la extensión de los días de venta de artesanías en la Plaza Dorrego de San Telmo.

Macri también vetó el proyecto que creaba un «comité contra la tortura u otros tratos y penas crueles», porque, entre otras cuestiones, superponía funciones con otros organismos. Del mismo modo, canceló el proyecto para la APDH porque sostuvo que la supervisión del uso de los fondos debe hacerla la Auditoría General y no los legisladores, como propone la norma. Tampoco aprobó la creación de un foro de seguridad pública, sosteniendo que es el Ejecutivo el que marca las políticas en la materia, y justificó el rechazo a un registro de presos políticos por no estar argumentada su necesidad, como también vetó una norma que obligaba a difundir en la web información del Instituto de la Vivienda porteño.