La Vicegobernadora considera que debe aprobarse una norma que reglamente la conducta y el patrimonio de los funcionarios.

La vicegobernadora, Laura Montero, insistirá esta semana en que el Senado trate y apure la aprobación de la postergada Ley de Ética Pública.

La norma, que según el proyecto se llamará "de Ética y Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública" (expediente 67.823), volverá a analizarse el miércoles en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Y la intención esta vez es que el avance sea tal, que finalmente se convierta en Ley.

"Más que analizarla ya es hora de aprobarla", dijo la vice de Alfredo Cornejo a Los Andes, al confirmar el envión que le dará esta semana.

La norma fija pautas de conducta que deben tener todos los funcionarios públicos provinciales, desde el Gobernador hasta el último director de organismos descentralizados, pasando por los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, y todos los municipios.

Pero además, servirá para que, de forma obligatoria, esos funcionarios hagan público su patrimonio, antes, durante y al final de sus mandatos, sean temporarios o permanentes. De hecho, la información deberá renovarse cada año.

Además, el texto de la ley plantea diversas sanciones, en el caso de que los funcionarios no cumplan con las consignas que plantea.

Según Montero "esta Ley y la de Acceso a la Informacion ya deberían estar sancionadas", notablemente molesta por el tiempo que se lleva debatiendo (incluidos varios otros proyectos anteriores), sin ningún resultado. "He estado todo el año insistiendo en que se apruebe", añadió.

El proyecto de Ética Pública fue ingresado a Senadores el 27 de mayo pasado, con la firma de los radicales, Daniela García, Jorge Palero y Raúl Ferrer, y de Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).

Aunque fue la propia Montero quien lo impulsó, el 9 de ese mismo mes, junto al ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leando Despouy. Y lo hizo, luego de que su propia declaración jurada fuera altamente cuestionada, principalmente por tener valuada una propiedad a sólo $ 0,70.

Esa situación se dio cuando los funcionarios del nuevo Gobierno se vieron obligados a presentar su patrimonio a la Fiscalía de Estado, a partir del decreto a tal efecto (1.789/15) emitido por el ex gobernador, Francisco Pérez.

"Ese decreto era muy confuso", señaló Montero, en base a que no siempre los valores seguían el mismo criterio. Y como en algunos casos se aplicó el avalúo fiscal del momento en que se compró, aparecieron valores irrisorios, como el de su casa. Otro ejemplo similar fue el de un auto Mercedes Benz del ministro de Seguridad, Gianni Venier, que se publicó a sólo $ 1.

"Con esta norma, habrá un criterio único que estará dado por el valor del bien que se declara al pagar el impuesto a los sellos", explicó Montero.

Hasta ahora ha habido varios proyectos similares, de distintos orígenes. Uno también pertenece al radicalismo, como el que presentó cuando era diputado el hoy intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

También el fiscal de Estado, Fernando Simón, presentó uno cuando era senador por el PJ. Otro justicialista, el diputado Jorge Tanús, también presentó un proyecto para la misma época que éste que se discute, ampliando el decreto de Pérez.

Montero quiere que esta vez sea la definitiva. "Queremos que la ley se apruebe antes que finalice diciembre. Y que empecemos a cumpir ya con esa Ley", resaltó.