Una vez más, Clarín y La Nación usaron su "mayoría automática" para poner palos en la rueda a los funcionarios designados por la presidenta Cristina Fernández en Papel Prensa. El representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de la empresa, Alberto González Arzac, denunció que en la reunión de directorio de la compañía que se celebró ayer por la mañana, el presidente de la firma, Alberto Maquieira, y los accionistas privados rechazaron elinforme presentado por la Sindicatura General de la Nación sobre la situación de la fábrica de papel para diarios durante 2010, sin que el titular de la SIGEN, Daniel Reposo, tuviese derecho a defender el texto.

El documento presentado semanas atrás por el ministro de Economía, Amado Boudou, detalla la seria situación financiera que atraviesa Papel Prensa, causada por la política comercial impuesta por los socios privados.

El documento, firmado por Reposo y Agustín Tarelli, precisa que, una vez más, Clarín y La Nación compraron las preciadas bobinas de una tonelada por debajo del precio de costo. Ese beneficio no se trasladaba a los demás clientes.

La diferencia entre el precio abonado por Clarín por tonelada de papel y el que debieron desembolsar otros clientes no relacionados con Papel Prensa es de 72,25 dólares.

Además, reiteraron las denuncias por salarios extremadamente altos en los cargos gerenciales. Las remuneraciones de los principales funcionarios de la empresa van desde los $ 44 mil hasta los $ 135 mil pesos.

González Arzac pidió a los abogados del Estado que analicen presentar un escrito ante la justicia para que se investigue una presunta asociación ilícita integrada por los representantes de los socios privados. El propio Boudou ya había denunciado también que del informe realizado por la SIGEN se desprendía el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, está seriamente cuestionado por los representantes del Estado en la firma. Durante las asambleas de socios, fue denunciado en reiteradas oportunidades de favorecer a los socios privados y perjudicar al Estado. El 23 de febrero deberá declarar ante el juzgado de Alejandro Catania en la causa que investiga la presentación de balances falsos.