Las oficinas de Papel Prensa no son el único escenario de disputa entre los funcionarios del Estado, que buscan normalizar la compañía, y la "mayoría automática" formada por los diarios Clarín y La Nación, que intenta controlar el mercado editorial desde el edificio de la calle Bartolomé Mitre al 700. Ayer, el síndico General de la Nación, Daniel Reposo; el vocal Agustín Tarelli y el consejero de Vigilancia de la compañía, Alberto González Arzac, denunciaron a los directores del capital privado ante el juez en lo criminal y correccional Claudio Bonadío por administración infiel en perjuicio del Estado y asociación ilícita por la política comercial y los reiterados obstáculos que encuentran los funcionarios públicos. Hoy declara ante la justicia el presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, por la falsificación de balances contables de 2009.

En el escrito, los representantes del Poder Ejecutivo solicitan al magistrado que investigue el presunto ejercicio irregular de Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Jorge Rendo, Jorge Bazán, Raúl Aguirre Saravia, Daniel Fernández Muñoz y Julio César Saguier y detallan una serie de "hechos defraudatorios" que habrían perjudicado el patrimonio del Estado nacional como accionista de la firma. La lista de irregularidades fue informada por Reposo y González Arzac junto al ministro de Economía, Amado Boudou, y la directora Beatriz Paglieri días atrás.

Según el informe realizado por la Sindicatura General de la Nación, los diarios Clarín y La Nación continuaron comprando las preciadas bobinas de una tonelada de papel para diarios por debajo del precio de venta, además de reiteradas irregularidades administrativas en la gestión.

Por otro lado, se conoció ayer que la Secretaría de Comercio Interior presentó el 11 de febrero ante la Corte Suprema un recurso extraordinario contra una serie de fallos de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que en diciembre pasado había prohibido a Guillermo Moreno participar de las reuniones en la sede de Papel Prensa e incluso ingresar a las oficinas, a pesar de haber sido nombrado por la presidenta Cristina Fernández como representante de las acciones del Estado nacional. El objetivo de Clarín y La Nación es dejar fuera del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (uno de los órganos de control interno de la compañía) a los funcionarios públicos. De hecho, hoy los accionistas privados intentarán continuar con el temario de la última asamblea de socios del 12 de agosto del año pasado. Esa reunión debió suspenderse luego de que los empresarios trataran de expulsar de la Comisión Fiscalizadora a los representantes públicos. La protección del interés estatal está reforzada con un contrato complementario firmado el 14 de mayo de 1973 por el gobierno nacional y los accionistas privados que garantiza la participación del Estado en los espacios institucionales de la firma.

La atención estará también en los tribunales de Comodoro Py, donde Maquieira declarará por la presunta falsificación de los balances presentados en septiembre de 2009.