El Tribunal de Cuentas de la Provincia objetó formalmente dos resoluciones del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), que involucran casi $ 35 millones en total. La caída de las operaciones se debió a la existencia de diferencias entre los costos presupuestados para las obras y los montos dispuestos finalmente por la entidad estatal.

La primera resolución cuestionada por el ente de contralor se refiere a la adjudicación directa a la empresa Ingeco del acueducto Lomas de Tafí, a realizarse en el barrio de ese nombre. Las labores debían insumir, según el Ipvdu, casi $ 30,6 millones que deben ser financiados por la Nación. El monto supera en el 10% el cálculo oficial realizado por los especialistas del Tribunal de Cuentas, de poco más de $ 27,6 millones. 

Desajustes
"La oferta (de la empresa) presenta una variación sustancial de las cantidades computadas en varios ítems, y los precios unitarios difieren considerablemente. Es necesario que el Ipvdu aclare acerca de la razonabilidad de la oferta teniendo en cuenta que se trata de una obra por unidad de medida", se advirtió en los informes previos de los expertos. También se detallaron falencias en los trámites administrativos, como la ausencia de comprobantes obligatorios.

Los vocales Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci resolvieron que la oferta no se ajusta a las condiciones establecidas en los pliegos. "La Comisión de Preadjudicación no dice nada al respecto, y concluye que los requisitos se encuentran cumplimentados cuando consta todo lo contrario. No se justifica en absoluto el incremento de precios", puntualizaron en el acuerdo 2.314.

Los funcionarios destacaron que, al ser una contratación directa, la razonabilidad en los precios adquiere la relevancia de principio rector en la adjudicación.

Viviendas en San Pablo
El segundo caso se refiere a la adjudicación a la empresa Omodeo del mejoramiento de 107 viviendas en San Pablo (departamento Lules). El emprendimiento fue otorgado, tras un cotejo de precios, en setiembre de 2008 por $ 3,9 millones cuando el presupuesto previsto era $ 400.000 menor (el monto final lo excedía en más del 10%). En el acuerdo 2.530 se señala que los ingenieros fiscales del ente de contralor advirtieron que el aumento no era razonable.

A su vez, los contadores fiscales cuestionaron el procedimiento del Ipvdu de contratar los trabajos a precios actualizados sin especificar el mecanismo utilizado para ese fin. "La repartición utiliza un mecanismo distinto al previsto por el Decreto Acuerdo 23/3 lo que, pese a los intentos de justificación, resulta objetable", se planteó.

Este acuerdo fue suscripto por el tribunal en pleno: Díaz Ricci, Terraf y Marcelo Vidal.