La falta de transparencia de la Administración Pública obstaculiza el control republicano de los actos de gobierno, deja impunes las arbitrariedades y fomenta la corrupción.

De esta manera, la estrategia oficial que se basa en el ocultamiento de informes clave y en la promoción de la opacidad burocrática como modo de ejercicio de un poder discrecional, lesiona severamente la calidad institucional.

Esta política pública antirrepublicana es la que orientó la decisión de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de vigilar el cumplimiento de la legalidad contable y financiera, dejara el año pasado de publicar en Internet sus informes. Esta restricción lesionó el control que debe efectuar la Auditoría General de la Nación, el organismo que vigila las cuentas públicas desde el Poder Legislativo y que, por disposición constitucional, preside un representante de la oposición. Ante la falta de publicidad de las auditorías de la SIGEN, la Auditoría ha debido solicitar expresamente esos informes, pero se ha encontrado con una reticencia ilegítima, que la ha obligado a recurrir a la Justicia.

Así, la SIGEN no ha cumplido con su obligación de proporcionar unas trescientas auditorías concretadas en 2009 y referidas algunas de ellas a entes que recibieran diversos cuestionamientos, como la Administración de Programas Especiales -involucrado en la causa que investiga la mafia de los medicamentos y sus aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner-, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y al órgano de Control de Concesiones Viales. En esta reticencia habría tenido un papel determinante la Jefatura de Gabinete, pretendiendo ejercer un control sobre la información requerida por la SIGEN.

Es de esperar que la Justicia le ponga fin a este criterio abusivo e ilegítimo que restringe la transparencia a fin de impedir el ejercicio del control de los actos de gobierno. Mientras tanto, el manto de opacidad favorece la corrupción y la impunidad.

El Ejecutivo le está negando información a la Auditoría General de la Nación, referida a unas 300 auditorías realizadas en 2009, impidiendo el control republicano de los actos de gobierno.