Publicado: 15-12-2011 
  
Tucumán.- Interponer alguien su autoridad. Dirigir, limitar o suspender una autoridad el libre ejercicio de actividades o funciones. Son algunas de las definiciones del verbo intervenir, que ha hecho camino al andar en la historia argentina del siglo XX y continúa sus pasos en la nueva centuria. En los golpes de Estado, no sólo las provincias eran intervenidas, sino también los Poderes e instituciones públicas. Las intervenciones también sucedieron en tiempos democráticos, aunque en forma más aislada. La dirigencia tucumana no constituye, por cierto, una excepción.

En estos días, informamos que se fusionarían dos entes autárquicos y otros cuatro seguirán intervenidos. En el primer caso, se trata del Ente Provincial de Regulación de la Energía de Tucumán (Epret) y del Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas (Ersact). El nuevo organismo -si se aprueba el proyecto en la sesión legislativa del 22 del corriente- absorberá a los 75 empleados permanentes del Epret (controla a la prestadora EDET) y a los 35 trabajadores del Ersact que extiende su área de influencia a municipios y comunas que no reciben la atención de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). El Ersact se encuentra intervenido desde la década de 1990, durante el gobierno de Antonio Bussi, mientras que el Epret se halla en idéntica situación desde mayo de 2005.

Los otros cuatro organismos del Estado que continúan intervenidos son la Caja Popular de Ahorros, el Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). La primera de las entidades fue intervenida en 2003 por el gobernador Alperovich a pocos días de iniciar su gestión, mientras que el Subsidio es el decano en materia de intervención. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1.217 que establecía que en seis meses sería integrado el nuevo directorio mediante comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados. Sin embargo, estos nunca se llevaron a cabo. El Ipvdu debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. Situación parecida padece el Ipacym a partir de 1998; en contrapartida su importancia ha crecido en la actualidad porque se ocupa de confeccionar los padrones de beneficiarios de los planes de cooperativas "Argentina Trabaja", en el que hay 15.000 tucumanos.

Hubo a lo largo del tiempo, diversos proyectos de normalización en la Legislatura presentados que nunca llegaron a buen puerto. En 2007, la Legislatura sancionó una ley que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó. En 2009, la Justicia ya había advertido sobre la necesidad de regularizar a los entes de control y le ordenó al PE que un plazo de seis meses normalizara el Epret y que garantizara la participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios, conforme con los artículos 42 de las Constituciones nacional y provincial.

Es como si la autoridad de los progenitores de una familia fuese suprimida por un gobernante y este se ocupara de administrar eternamente su patrimonio según su parecer y sus intereses. Como se sabe, la intervención es propia de los gobiernos totalitarios y, por lo tanto, en una democracia no debe existir.