Una semana después de encarcelarlo y dejarlo en libertad a las 36 horas, el juez federal Norberto Oyarbide continuó en la búsqueda de pruebas incriminatorias en contra del jefe del sindicato de peones rurales (Uatre), Gerónimo Venegas. El magistrado pidió este miércoles denuncias de afiliados de la obra social del gremio (Osprera) por falencias en el servicio o denegatorias en las elecciones de cambio.

Oyarbide deberá decidir antes del viernes próximo acerca de la situación procesal de Venegas.

Al detenerlo el jueves pasado, le imputó formar parte de una presunta asociación ilícita vinculada a la causa por la denominada «mafia de los medicamentos», malversación de fondos públicos y violación a la ley de marcas. Tras siete horas de indagatoria, el juez aceptó la sugerencia del fiscal Luis Comparatore para otorgarle la excarcelación.

El miércoles Oyarbide mandó a pedir a la Superintendencia de Servicios de Salud los legajos con todas las denuncias en contra de la Osprera presentadas por sus afiliados entre 2007 y 2009, el período que abarca la mayor parte de la investigación. En esa repartición le entregaron treinta expedientes que hasta entonces el juez nunca había solicitado.

El objetivo de Oyarbide es establecer no solo si la conducción del gremio cometió delitos ligados a la «megacausa» de los medicamentos, sino también el tipo de afectación que las irregularidades pudieron causar entre los afiliados. El pedido se concretó luego de la dura reprimenda que la Sala II de la Cámara Federal le dedicó al juez por la «ineficaz dirección» impuesta en la investigación y por la decisión del magistrado de acumular expedientes en lugar de derivarlos a sus colegas por sorteo.

La detención de Venegas generó inmediata conmoción política y gremial. La oposición se encolumnó, en gran medida, a respaldar al sindicalista, alineado con el PJ Federal y en particular con el ex presidente Eduardo Duhalde. En tanto que la CGT, conducida por Hugo Moyano, emitió un comunicado de apoyo en el que se dejó traslucir la sospecha de que detrás de las imputaciones en contra de Venegas se escondía un ataque sobre todas las obras sociales de origen gremial. El gesto de la CGT se concretó a pesar de las obvias diferencias políticas entre Venegas y Moyano, que desde hace años sostiene una alianza con los Kirchner.

La investigación de Oyarbide gira en torno de las presuntas irregularidades detectadas en el circuito establecido entre las obras sociales, un número todavía no cerrado de droguerías y la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo público encargado de devolverles a las organizaciones gremiales el valor de los tratamientos médicos más costosos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) comunicó ayer que desde este lunes habilitará un contacto para recibir denuncias de «todos los afiliados a obras sociales» que entre 2007 y 2010 hubiesen «observado irregularidades en la provisión de medicamentos o en la prestación del servicio». El organismo de control dijo haber apelado a esta medida «tras diversas dificultades para acceder a la información de la APE».