El titular de la Sindicatura General de la Nación adelantó que, tras la decisión judicial, el organismo desembarcará hoy mismo en las oficinas de la firma para relevar documentación. "El directorio de la empresa tenía un rol formal, Magnetto la manejaba personalmente", asegura. 

Tras la decisión del juez Eduardo Malde de autorizar a la Sindicatura General de la Nación, junto al estudio Brea, Solans & Asociados, a realizar la certificación de estados contables de Papel Prensa, Daniel Reposo aseguró que hoy mismo buscarán comenzar "con la tarea de campo" en la empresa. El titular de la Sigen se enciende al relatar el proceso que terminó en la decisión del magistrado que interviene la firma: "En Papel Prensa se desempeñaba un mismo auditor externo desde hace treinta y un años [Juan Carlos Cincotta], una situación anómala, ya que se había transformado en parte misma de la empresa, y cuando lo detectamos presentamos la denuncia correspondiente. Todos los accionistas de la firma aceptaron esta situación y se acordó el cambio. El mismo contador certificante –completa– tenía intereses con el Grupo Clarín y por esa razón solicitamos invalidar los balances, proceso que deberá resolver la justicia penal".

¿Por qué se frustró ese acuerdo?

A partir de ahí, se separa al contador certificante. La elección de uno nuevo cuenta con reglas muy claras en el estatuto, por ejemplo, descartar cuestiones de parentesco, que no tuviera relación con grupos económicos y el acuerdo expreso del Estado en la designación. Se presentaron diez estudios, y también lo hizo la Sigen. Tras una selección quedaron cuatro estudios, que estaban avalados por el Grupo Clarín, y se optó por Brea, Solans & Asociados. Esta elección presentaba dos problemas insalvables. En principio, el estudio tiene vinculaciones internacionales, y por otra parte, el principal socio, Ricardo Pez, se había desempeñado a su vez en el estudio de Alberto Maqueira, presidente de Papel Prensa, lo que rompe con el criterio de independencia.

¿Qué decidió la Justicia?

Al intentar la Sigen acceder a la documentación para verificar los estados contables se encontró con que en cada gerencia habían apostado a un patovica para impedir la tarea. Ahora la medida cautelar de la Justicia ordena el acceso sin restricciones.

¿Cómo reaccionaron los accionistas privados?

Ya adelantaron que van a apelar, pero como la medida tiene carácter diferido se debe cumplir hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Ya se pidió audiencia para constituirse y mañana [por hoy] comenzaremos con la tarea de campo.

¿Por qué este proceso de fondo se precipitó recién ahora?

Esto surge de una decisión política por parte del Estado a raíz de las históricas irregularidades en la empresa. En más de treinta años, no había actas de gestión por parte del directorio, que cumplía un rol formal, mientras que, de hecho, la empresa era manejada en forma personal por Héctor Magnetto, primero, y luego por Jorge Noseda, su hombre de confianza. Los puestos se rotaban constantemente, intercambiando sucesivamente directores y síndicos, y en cuanto el Estado se ocupó de controlar, desplegaron toda clase de artilugios para impedir que se avance.

¿Cómo impactaría la ley que regula la actividad?

Hará transparente un sector que siempre se mantuvo en penumbras. Generará inversiones, que sólo se hicieron significativamente en 1977, cuando se hicieron cargo de la firma. Administrativamente, todavía funcionan como en aquella época. Se trabaja con fichas manuales, no existe ningún tipo de sistematización. Es como una foto del pasado. A partir de estos manejos, crearon un cerrojo en el sector, lo que los llevó a adquirir decenas de medios del interior.

¿Qué será más determinante en el proceso de cambio: la nueva legislación o la investigación por crímenes de lesa humanidad asociado al proceso de adquisición de la mayoría de la empresa?

La nueva ley será determinante en lo referido al sector, pero el otro proceso abrirá las puertas a la condena de los grupos económicos que desde la sociedad civil impulsaron y actuaron juntamente con la dictadura. Como ocurrió con la investigación de la Shoa, tras el juicio de Nüremberg se actuó sobre la responsabilidad de los civiles. Estoy convencido de que, conforme avancen las investigaciones, este proceso se va a ramificar a otros casos paradigmáticos de la Argentina. Desde el golpe de 1930 se venía repitiendo cíclicamente que los mismos grupos económicos ponen freno a los avances del campo popular, una realidad que el propio Magnetto graficó con exactitud cuando se refirió al cargo de Presidente de la Nación como un "puesto menor".