Un informe firmado por Laura Alonso justificó el uso de la flota presidencial y señaló que "la Primera Dama se convierte en un referente institucional y que no es sólo su persona la que está en juego sino la institución a la que representa".
La polémica se desató después de que el diario El País de Uruguay difundiera la noticia de que Mauricio Macri había mandado el helicóptero presidencial a Punta del Este para buscar a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia, quienes estaban descansando en el país vecino. Ante las críticas, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), le dijo a Radio Mitre que "el jefe de Estado y su núcleo familiar están protegidos por la Casa Militar, que le brinda los servicios de seguridad. Sus traslados deben realizarse en vehículos oficiales, por lo tanto está cubierto por la Ley de Ética".

De este modo, Alonso, quien en 2014 le había pedido que la "Oficina Anticorrupción (que existe aunque no lo creas) debería investigar "de oficio" el uso particular de la flota presidencial", justificó el uso del helicóptero oficial para buscar a la familia de Macri, que se tomó unos días de descanso en Uruguay.

El informe de la OA indica que "la Primera Dama se convierte en un referente institucional y que no es sólo su persona la que está en juego sino la institución a la que representa”.  

También entiende que "siendo la seguridad de la máxima autoridad del país y de su grupo familiar una cuestión de Estado (cualquier afectación puede repercutir en la función pública del señor Presidente de la República), resulta procedente la razonable utilización de la flota presidencial por parte de la Primera Dama, siempre que ésta se sujete a los principios, pautas y deberes éticos contenidos en la Ley 25.188 de Ética Pública y en el Código de Ética Pública aprobado por Decreto 41/99".

Los funcionarios nacionales también están autorizados a utilizar la flota presidencial y el informe de la OA remarcró que "el uso de los bienes del Estado –y en particular de la flota oficial- debe resultar razonable, prudente y austero, evitando abusos y prácticas contrarias a la finalidad de bien común que debe presidir el accionar del Estado". El criterio de "razonabilidad" y "austeridad" que quedará en manos de la autoridad a cargo: Mauricio Macri.