Acusados: si no ocurre nada extraño en el estiramiento de los plazos, a mediados de noviembre Perés y uno de sus vocales deberán sentarse en el banquillo de los acusados por el descontrol en el IPAV. El presidente del jury -Víctor Menéndez- fijará día y hora del debate.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Perés, tiene hasta el viernes 31 de octubre a la mañana para presentar su defensa ante la acusación presentada por el procurador general de la provincia, Mario Bongianino, luego de que el jury dispusiera que debe ser sometido a un juicio oral y público que determine si cometió un delito cuando se descontrolaron las cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) en la época de Rubén Marín como gobernador. El vocal Rubén Rivero se encuentra en la misma situación y tiene el mismo plazo.

Posteriormente, habrá otros 15 días más para aportar y seguir acumulando más pruebas. Finalmente, se llevará a cabo el juicio en la Legislatura.

Perés sigue siendo presidente del Tribunal de Cuentas, ya que los integrantes del jury resolvieron que no era necesario suspenderlo, bajo el argumento de que no hay peligro de que cometa el mismo delito, o de que entorpezca la investigación definitiva.

El mismo jurado -conformado por el juez del STJ, Víctor Menéndez, los diputados Martín Berhongaray (UCR) y Patricia Lavín (PJ) y los abogados Héctor de la Iglesia y Marina Vannini- resolvió dejar a salvo del juicio a Juan Carlos García, otro vocal del TdC, que no intervino para nada en los controles al organismo de vivienda.

Los hechos de corrupción en el IPAV se sucedieron durante años: las principales autoridades, Hugo Agüero y Luis Araniz -vicepresidente y gerente general, respectivamente-, fueron condenadas por el delito de enriquecimiento ilícito, estafa y ofrecimiento de dádivas. Estuvieron detenidos algún tiempo.

La millonaria estafa -que explotó judicialmente cuando Marín dejó el Gobierno- todavía tiene otro capítulo por cerrar, ya que está pendiente el juicio oral y público en que aparecen acusados los integrantes de la familia Peñalba, que tuvo importante participación en los hechos y en su posterior descubrimiento.

Frente al millonario desfalco, el TdC hizo poco y nada: el incremento de los patrimonios de Agüero y Araniz se conoció antes por la prensa que por la intervención de los funcionarios de control. Y Perés argumentó que no podía controlar algunas cuentas del IPAV porque los funcionarios las mantuvieron ocultas. También deslindó responsabilidades: durante el juicio cargó las tintas sobre empleados de menor jerarquía, e incluso sobre pasantes.

Luego de la finalización de todos los plazos, el presidente del jury -Víctor Menéndez- fijará día y hora del debate. Deberán estar los acusados y las personas que intervienen en el juicio. El acusado podrá tener hasta dos defensores.

El artículo 37º de la Ley 313 explica que "el debate será oral y público". Aunque por razones de orden público y moralidad podrá ser a puertas cerradas. Las audiencias serán diarias hasta la finalización. Si es necesario, por "diligencias en el exterior", "circunstancias extraordinarias" o "inesperadas", podrá suspenderse diez días.