Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, al entender que la tramitación de la instancia de pruebas de la causa, en la que se encuentra también procesado el ex ministro de Salud Daniel Gollán, está cerrada. En tanto, quedó firme el sobreseimiento del gobernador de Tucumán, Juan Manzur.
El juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y al ex ministro de Salud, Daniel Gollán; procesados por supuesta "administración fraudulenta" en la implementación del Plan Qunita.

Al entender que la tramitación de la instancia de pruebas de la causa está cerrada, el magistrado rechazó las oposiciones a la elevación a juicio planteadas por los abogados de los 18 procesados, así como los pedidos de sobreseimiento y dispuso la elevación a juicio de la causa N°6606/15, en la que están procesados 18 ex funcionarios y empresarios. En tanto, quedó firme el sobreseimiento del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud K, Juan Manzur. 

La decisión llegó luego de un planteo que la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, había realizado en septiembre, en el marco de la investigación de las licitaciones del programa del Ministerio de Salud (otorgaba un kit de insumos para sus bebés a madres carenciadas) durante el gobierno de Cristina Fernández. 

La OA había expresado que estaban acreditadas las irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resultaran ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos ofrecidos, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.

A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN ($4096) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.

"Lactuación de los funcionarios públicos en la maniobra investigada es subsumible en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En tanto que la conducta de los particulares directivos y/o socios de las empresas que resultaron adjudicatarias de la licitación debe encuadrarse como participación necesaria (salvo en un caso donde sería complicidad) en el segundo de los delitos enunciados", había sostenido la dependencia oficial en la solicitud de elevación a juicio.