Pulicado: 21-12-2014

Debate.Ricardo Monner Sans

Algún día habrá que debatir para resolver un tema central: cuál es la incidencia de la economía respecto de la corrupción. El desafío: el modo de apropiación de la riqueza de un país gesta una creciente diferenciación entre sectores sociales. La supresión de mano de obra por el crecimiento de una tecnología asombrosa expulsa mano de obra. La desocupación crea la desesperación del necesitado. El desesperado no puede tener límites morales: está a disposición de los ocupantes del poder político y del poder económico. Decrecen los modos "sanos" de la producción y avanza una suerte de "dinero por izquierda" y un narcocapitalismo. La idea moral que debe ser el fundamento de un Estado –la doctrina de la igualdad, de la educación y del bien común- se esfuma. La corrupción crece por la devaluación de esa idea moral y porque las normas y la conducta que el Estado promueve (la ametralladora normativa) facilita una "armónica decadencia" que debilita conciencias.

Es más grave el descenso ético que el descenso jurídico, porque lo moral es presupuesto de la norma y porque lo moral incide más en las grandes mayorías argentinas. ¿Es la corrupción "causa" o es "consecuencia"? ¿o es causa y también consecuencia? La bola de nieve crece. Pruebas al canto: se pensó que la corrupción durante el menemismo era insuperable y … aquí estamos. Quede para los sociólogos comprometidos medir si es cierto lo que se percibe: cuando el cuadro gestado por el menemismo estalló, grandes sectores parecieron revisar sus valores y creció el legítimo inconformismo y la esperanza del cambio. Hoy se advierte que el más crudo individualismo se despliega desde el "dale que va". Todo queda contaminado. Este breve pantallazo obliga a decir que hay dificultades centrales para erradicar la corrupción en una Argentina que vive bajando peldaños en la medición internacional. Creo que se impone meditar cómo poner un freno: detenernos cuanto menos en el punto en que estamos sabiendo que poco se puede esperar de los espacios políticos –los partidos políticos son inexistentes- porque el torneo mediático de los que dicen ser dirigentes, exhibe en general la imagen de los que no estudian, de los que no profundizan los temas centrales, de los que –por ejemplo- avalan sentarse a discutir Códigos cuya vigencia integral depende de normas no votadas.

La Argentina ha adherido a dos normas internacionales respecto de la corrupción. Pero no ha cumplido con definir el delito de corrupción, lo que evitaría que por las hendijas que quedan en el Código Penal se escapen varios. El Congreso debe definir por ley la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o vinculados con la corrupción: el tiempo no debe perdonar a los puercos. Urge habilitar la plena actividad como querellante de quien ha radicado en el Poder Judicial un caso que ofrece aristas de corrupción: porque ese denunciante que se ha tomado el trabajo y la responsabilidad de impulsar un expediente, debe poder activarlo, ganándole a ciertas "pasividades" de algunos jueces y colaborando en llegar al meollo del tema sujeto a investigación. Debe reglarse cómo tienen que llegar al Poder Judicial aquellos informes que a juicio de la Auditoría General de la Nación describen conductas con fuerte presunción de ilicitud. Deben derogarse todas las normas que achiquen la responsabilidad del Estado y de los funcionarios del Estado. Debe regularse la posibilidad de revisar decisiones de sobreseimientos o de absoluciones penales tomadas al compás de "apariencia de proceso". La respetable "cosa juzgada" no puede convertirse en dogma que contribuya a aquel "dale que va" ya comentado. El buen periodismo escrito ha tenido papel destacado en investigaciones de jerarquía; de manera tal que debe reglarse un sistema rotativo, un fiscal por día, que revise por lo menos toda la producción de cada jornada para evaluar qué tema debe ingresar para investigación por el Poder Judicial.

Este "menú" puede ser mejorado, agrandado. Si todo esto se pusiera en marcha al unísono, hay gente que se abstendría de enlodarse, quizás por temor más que por convicción. Pero hay que empezar.

Ricardo Monner Sans, Abogado, Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción


Manuel Garrido Diputado nacional. Ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas

Más que penar, nada mejor que prevenir y controlar 

La carrera electoral genera la tentación de prometer que la solución contra la corrupción es el aumento de penas o la creación de comisiones de investigación, y es difícil proponer alternativas menos grandilocuentes y marketineras pero de resultado seguro, de acuerdo con experiencias de países como Chile o Uruguay. Y esto porque la idea de combatir la corrupción únicamente a través de la penalización es antigua e ineficaz: el castigo llega – con suertecuando el hecho ya fue consumado y solo en pocos casos. La entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en 2003, refleja un cambio de paradigma: la lucha contra la corrupción no puede basarse únicamente en la represión sino que las políticas preventivas son esenciales.

Los hechos de corrupción suceden en ámbitos secretos. Esta es la principal razón por la cual es muy difícil, sino imposible, medir sus costos con precisión. Para enterarnos de estos hechos debemos incentivar que aquellos que participan o los conocen lo cuenten. Y para evitar esa opacidad debemos echar luz sobre toda estructura estatal o procedimiento que sea permeable a la corrupción, desde pequeñas coimas hasta grandes negociados.

Para avanzar contra la corrupción hay dos presupuestos imprescindibles: la existencia de una genuina voluntad política de hacerlo y la asignación de recursos apropiados para que las políticas sean eficaces. El protagonismo de esas políticas, además, debe ser compartido con la sociedad civil e involucrar al sector privado, que no es un mero espectador o perjudicado por la corrupción sino que también es protagonista de su concreción.

Es necesario identificar cuáles son aquellas prácticas que generan y propician la corrupción por su falta de visibilidad, estructura monopólica, ausencia de controles o permeabilidad a los conflictos de intereses.

La transparencia y la prevención de la corrupción deben ser un componente central en todas las políticas de Estado, en lugar de estar circunscriptas solo a un órgano y a la buena voluntad de los responsables de contadas áreas de la administración.

Es necesario contar con una Ley de Acceso a la Información Pública moderna, avanzar en materia de gobierno abierto y también contar con una ley de regulación del lobby. La ciudadanía debe tener acceso a la agenda de reuniones de interés de sus representantes así como también conocer qué es lo qué están haciendo los funcionarios, cómo se están manejando los fondos públicos, quiénes son los proveedores del Estado, etc.

Argentina cuenta con organismos de control que podrían descubrir estas prácticas y actuar en consecuencia, pero que por falta de decisión del Ejecutivo en avanzar en el control de la corrupción, o más bien por su interés en lo contrario, fueron desarticulados, haciendo que su nivel de trabajo y eficacia baje hasta lo imperceptible. Nos encontramos, entonces, con dos noticias: una buena, que es que algunas de las herramientas que se necesitan para combatir la corrupción ya las tenemos y otra, no tan buena, es que están herrumbradas. Es necesario fortalecer organismos como la Oficina Anticorrupción con nuevas facultades, dándole autonomía, o en el caso de la Auditoría General de la Nación, revisando la conformación de su cuerpo directivo. También es necesaria una nueva Ley de Ministerio Público que amplíe las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Se hace imprescindible una ley de protección de testigos y denunciantes de hechos de corrupción pública y privada, que proteja a peritos, testigos, víctimas e informantes de manera adecuada, que promueva su colaboración y les brinde seguridad física y jurídica. En este mismo sentido, es también necesario incorporar la figura del "arrepentido" al Código Penal. Muchas de estas iniciativas están listas para ser tratadas en el Congreso. Falta la voluntad política para avanzar.