Publicado: 02-01-2011


Qué pasó a partir de las publicaciones: Durante todo el año, el equipo de Investigación publicó 26 trabajos. Aquí, el resumen de los más destacados y cuáles fueron las consecuencias que ocasionaron. En algunos casos, se solucionó el problema; en otros está pendiente.


"Uno de cada diez argentinos toma agua contaminada con arsénico" (4/7/10)

Síntesis:

La Argentina se comprometió ante la Organización Mundial de la Salud a reducir a 0,01 mg/1 de arsénico en el agua antes de 2012. Ahora, lo permitido es de 0,05 mg/1 pero varias zonas relevadas exceden esos niveles: alcanzando más de 0,85 mg/1. De acuerdo con los parámetros actuales, una de cada diez personas bebe agua contaminada. Tiempo Argentino denunció la ausencia de políticas públicas por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación para adecuarse a las recomendaciones de la OMS. El único Programa contra el Hacre -enfermedad que produce la ingesta de arsénico durante un tiempo prologado y que se manifiesta con distintos tipos de cáncer- es el de Santiago del Estero. A partir de este convenio, Nación se comprometía a construir 252 aljibes (recogen agua de lluvia libre de contaminantes) pero los recursos se cortaron intempestivamente, al cambiar el titular del área (Romina Picolotti por Hornero Bibiloni) y sólo se habían concretado 79. Otro claro ejemplo de desidia fue la construcción en Carlos Casares de una planta potabilizadora que, si bien había sido inaugurada en 2006, nunca llegó a funcionar de manera eficaz porque faltaba una celda por lo que continuó distribuyendo agua contaminada.

¿Qué pasó?:

Al poco tiempo de publicada la nota, se retomó la construcción de aljibes en Santiago del Estero pero "las cosas están avanzando muy lentas, en la Secretaría de Ambiente hay un expediente circulando para concluir las obras en 2011, ya que este año se paralizaron por falta de dinero", indicó una fuente del gobierno santiagueño. En tanto, los vecinos de Carlos Casares informaron a Tiempo que "la planta fue completada y ya hicimos el primer análisis de una muestra de agua de una canilla que viene directamente de las cañerías de Absa. La CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) determinó que hay 0,024 mg/1 de arsénico y 0,198 mg/1 de aluminio". Aún no alcanzan a las cifras comprometidas por la Nación pero están "mejor que con los 0.08 mg/1 de antes", dijeron. Con respecto al aluminio, un elemento que se agrega en la planta para quitar el arsénico, el límite es de 0,2 mg/1. Los habitantes de Casares habían llegado a registrar 0.9 de aluminio, previo a la puesta a punto de la obra. Además, esta nota de Tiempo Argentino fue galardonada con la 5a mención (de más de 200 trabajos) en el concurso internacional "Agua: el más esencial de los recursos naturales", auspiciado por la agencia de noticias uruguaya ínter Press Service y la empresa brasileña de bebidas AMBEV.


"Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos" (24/10/10)

Síntesis:

Tiempo Argentino reveló por primera vez el entramado de empresas que el Grupo Clarín radicó en Delaware, un paraíso fiscal de los Estados Unidos, a instancias de la Banca JP Morgan. Se trata de una pequeña jurisdicción situada a 200 kilómetros de Washington que tiene más corporaciones (850 mil) que personas (800 mil). Este diario detectó una decena de firmas del grupo que cuentan con privilegios y beneficios: no pagan impuestos estatales ni federales en los Estados Unidos y están exentas del pago de Ganancias en la Argentina. Sólo una de ellas, VLG Argentina LLC que pertenece a Clarín en un 50%, obtuvo una ganancia en 2009 de $ 259.825.690 sin pagar impuestos. Según los especialistas consultados, este tipo de entramados puede llevarse a cabo para eludir impuestos, o bien, lavar o fugar capitales.

En la nota también quedó al descubierto cómo los abogados del grupo, Alejandro Pérez Chada y Juan Félix Marteau, "apretaron" a los empleados de la Unidad de Información Financiera para que les brindaran datos sobre investigaciones contra los directivos del grupo. Marteau había sido representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y luego se convirtió en una de las espadas de Clarín para defender al monopolio de graves acusaciones de lavado.

¿Qué pasó?:

Las causas judiciales en las que se imputa al grupo avanzan, como la iniciada a partir de la denuncia de Hernán Arbizu, ex directivo del banco de inversiones estadounidense JP Morgan, quien hizo pública una megamaniobra de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, mediante la cual presuntamente creaban sociedades en el exterior para realizar operaciones financieras fraudulentas.


"Quién es quién en el club de los denunciadores profesionales" (1/08/10)

Síntesis:

Este diario realizó un relevamiento de los denunciantes crónicos más importantes del país, destacando sus extravagantes y temerarias demandas. En su mayoría, según el Consejo de la Magistratura, estas carecían de "sustento fáctico y jurídico" y eran desestimadas rápidamente por la justicia, generando, a la vez, un despilfarro de recursos económicos y humanos. Uno de los denunciantes crónicos, Rodolfo Rucker, había presentado 72 acusaciones contra jueces en el último año y medio. Todas fueron desestimadas.

¿Qué pasó?:

El Consejo de la Magistratura creó un Registro Sistémico de Denunciantes, de carácter interno y no público. El objetivo del registro es que "permita por una variable sistémica saber si (un determinado) denunciante es un denunciante crónico, si las anteriores denuncias que formuló tuvieron viabilidad o no, y poder tener así una comprensión más acabada de quién es el sujeto activo de la denuncia", explicó Pablo Mosca, ex presidente del Consejo de la Magistratura y uno de los impulsores de esta medida.


"Denuncian al Grupo Clarín por la compra irregular de Canal 13" (25/7/10)

Síntesis:

Tiempo Argentino publicó por primera vez la historia de la venta de Canal 13 al Grupo Clarín. La transacción fue objetada por el Tribunal de Cuentas de la Nación, porque el monto pagado había sido "irrisorio". Por otro lado, en el primer año de Clarín dentro de la emisora, el grupo debía respetar (por ley) los contratos laborales de todos los trabajadores, al menos por un año. Sin embargo, 443 empleados fueron cesanteados en los primeros meses.

 José Carbonelli, ex delegado de la comisión interna del canal, pidió la quita de la licencia al monopolio a raíz de estas irregularidades.

¿Qué pasó?:

Los ex trabajadores de Canal 13 realizaron sucesivas marchas frente al AS-FCA (donde presentaron nuevas denuncias contra la empresa ARTEAR SA) y el diario Clarín. También se hizo una conferencia junto a los diputados nacionales Dante Güilo, Ornar Plaini y Silvia Vázquez, el abogado y periodista Pablo Llonto, y Osvaldo Papaleo. Según Carbonelli (quien además fue recibido por el ministro de Trabajo Carlos Tomada), "es gracias a lo publicado por Tiempo que todos los funcionarios del gobierno nacional, militantes, compañeros y lectores se informaron cómo el monopolio Clarín se apropió irregularmente de Canal 13. Lo cual también influenció a otros medios para que publicaran parte de nuestro accionar, como Perfil, Crónica, Diario Popular, Télam, y los blogs de prensa en Internet, que en forma silenciosa informan a mucha gente".


"Diez toneladas de pilas son una amenaza ambiental en Soldati" (5/6/10)

Síntesis:

A fines de 2008, el gobierno porteño había lanzado una campaña de recolección de pilas usadas. Se acopiaron diez toneladas que permanecieron depositadas en galpones del gobierno en el sur de la ciudad, en Villa Soldati, sin un destino cierto. Tiempo Argentino detalló que se encontraban alojadas en una habitación y en tanques azules, a metros de establecimientos educativos y deportivos en una zona vulnerable lindera a la Villa 1-11-14. Según los especialistas, estos elementos en altas concentraciones representaban un peligro cierto para la comunidad. En la misma nota, se revelaba un informe de la Auditoría General de la Ciudad sobre la Agencia de Protección Ambiental que criticaba fuertemente la falta de controles y la superposición de tareas dentro del área.

¿Qué pasó?:

En noviembre, después de dos años sin soluciones, el gobierno de la Ciudad firmó un convenio con Duracell y Energizer para que se hicieran cargo de las diez toneladas de pilas. El acuerdo se llevó a cabo luego de una campaña pública desarrollada por Greenpeace para que las empresas importadoras de pilas y baterías sean responsables legal y financieramente por los residuos de sus productos. "Con esto se dará una solución definitiva al destino y tratamiento de estas pilas", indicó la directora política de la ONG, María Eugenia Testa, y agregó: "Es necesaria la urgente sanción de una ley que establezca, a nivel nacional, la responsabilidad de los productores."


"En Chacabuco siguen fumigando con glifosato junto a las casas y escuelas" (3/10/10)

Síntesis:

En Chacabuco, una ciudad rodeada por plantaciones de soja transgénica, existe una ordenanza que regula y limita las fumigaciones con agrotóxicos en las cercanías de la población para prevenir posibles enfermedades. Sin embargo, Tiempo Argentino demostró que la ley no es respetada por los productores rurales, ni se hace cumplir por el Estado municipal. Se fumiga frente a colegios, los envases de glifosato se desechan en los campos y los depósitos de agroquímicos están al lado de las casas.

¿Qué pasó?:

El tema tomó estado público. Todos los medios de Chacabuco (diarios, radios, televisión) se hicieron eco del problema de las fumigaciones. Decenas de vecinos se animaron a denunciar enfermedades (como cáncer o patologías neurológicas) en la prensa, causadas presuntamente por los agrotóxicos con los que se fumiga la soja transgénica. También un programa periodístico de la televisión alemana realizó un informe sobre la situación del lugar.

En las sucesivas reuniones que Santiago Muhape (ecologista y denunciante de la situación) tuvo con concejales y funcionarios del municipio, se planteó la necesidad de alejar los agroquímicos de las zonas urbanas, creando terrenos de experimentación agroecológica -sin venenos- en los terrenos que lindan con casas de familia. También se proyectó la modificación de la ordenanza vigente. Sin embargo, según Muhape, todo quedó en esas reuniones: no se tomaron medidas efectivas, en la nueva temporada de fumigaciones que se inició la ordenanza sigue sin respetarse ("no contamos con personal capacitado para hacerla cumplir", se excusó Rodolfo Bertinatto, subsecretario de Ambiente local, en distintos medios),y los estudios epidemiológicos que prometió la municipalidad nunca se realizaron.

A nivel nacional, los límites al glifosato fueron abordados desde diversos ámbitos. La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a la secretaría de Agricultura recla-sificar la toxicidad de los agroquímicos. También distintos legisladores provinciales y nacionales presentaron proyectos para prohibir o regular el uso de glifosato, pero hasta el momento no fueron discutidos. Los pueblos sojeros del interior (Carcarañá, en Santa Fe, y Barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba) hicieron llegar sus denuncias a Tiempo, y siguen luchando para erradicar las fumigaciones de las zonas urbanas.


"Quiénes son los formadores de precios en la Argentina" (12/12/10)

Síntesis:

Tiempo Argentino puso en relieve quiénes y por qué provocan procesos inflacionarios en la Argentina. Se trata de los poderosos grupos económicos, cada vez más concentrados, que se apropian de los excedentes de la economía. Unas 200 empresas -que se quedan con el 56,1% del PBI- ocupan estratégicamente los espacios clave de la cadena productiva. Son consideradas formadoras de precios. Sin relación con los costos y sin invertir dinero para abaratar insumos, especulan con la bonanza económica que atraviesa el país y aumentan los precios, haciendo abuso de la falta de controles por parte del Estado. Los rubros más concentrados son: la petroquímica, cementeras, siderurgia, agroindustria, el sector supermercadista y los combustibles, entre otros.

¿Qué pasó?:

Dos días después de la publicación de la nota, ingresó en la Cámara Baja bonaerense un proyecto de ley para crear un Observatorio de Precios de la Producción de Alimentos bajo la órbita del Ministerio de Producción. El autor de la iniciativa y directivo de la Federación Agraria Argentina, Jorge Solmi, sostuvo que "es deseable que no se produzcan distorsiones en la formación de precios porque perjudica seriamente tanto a productores como a consumidores". El diputado agregó: "Es necesario avanzar en el conocimiento de las circunstancias explicativas de la evolución de la formación de los precios de los alimentos en origen y destino."


"Las 16 villas de la Capital Federal están expuestas a graves riesgos eléctricos" (6/11/10)

Síntesis:

Un relevamiento de Tiempo Argentino evidenció el riesgo eléctrico en que se encuentran las 16 villas porteñas. Se puntualizó sobre la Villa 21-24, donde sus habitantes están en peligro por explosiones, incendios o electrocución, producto de la precariedad del servicio de electricidad brindado por el gobierno de la Ciudad y el pobre trabajo de mantenimiento de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) macrista.

¿Qué pasó?

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades porteñas, el 26 de noviembre la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentaron una demanda contra el gobierno de Mauricio Macri. Denunciaron la grave situación eléctrica del barrio y solicitaron diseñar y ejecutar un plan integral que asegure el acceso adecuado, seguro, suficiente y continuo del servicio de energía eléctrica para sus habitantes. Actualmente, la demanda está en manos de la justicia.