Censura encubierta o sutil, es el término que se utiliza internacionalmente para referirse a la distribución arbitraria de la publicidad oficial.

Por eso, cuando se supo que Canal 9 había recibido el 67,5% del total de la pauta en TV abierta, según publicó ayer el diario La Nación, los legisladores de la oposición salieron a repudiar esa práctica oficial y a pedir que se investigue en forma urgente.

Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, para que intervenga por el "presumible reparto arbitrario de la publicidad oficial en la TV". La diputada planteó que la diferencia entre la pauta oficial dirigida a Canal 9 y los restantes canales, "manifiesta la abierta discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos a favor de un medio que contiene en su programación diaria emisiones propagandísticas dirigidas a apoyar directamente al Gobierno nacional", dijo Bullrich, que es vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.

Es que de los 72,3 millones de pesos que recibió Canal 9 en 2010, hay unos 20 millones de pesos que direccionó el Estado hacia los programas Duro de Domar y Televisión Registrada, del productor ultrakirchnerista Diego Gvirtz, quien además recibió otros $11 millones por 6-7-8, que se emite en Canal 7.

El otro programa político de Canal 9 es Bajada de Línea, del periodista deportivo oficialista Víctor Hugo Morales y la productora de Gastón Portal, que lo lanzó hace dos meses y también concentra gran cantidad de pauta publicitaria oficial.
Desde Proyecto Sur, la diputada Alcira Argumedo señaló que "esta es otra de las expresiones del amigopolio", con diversos empresarios que "responden a una misma concepción. Es la nueva forma en que el kirchnerismo pretende controlar los medios masivos".

La diputada del Peronismo Federal, Graciela Camaño, señaló que era "una vergüenza" que se destine tanta plata "a favor de la obsecuencia" y comparó a los periodistas que militan en el ultrakirchnerismo con quien quedó en el imaginario popular como uno de los mayores propagandistas de la dictadura militar.

"Los que imitan el accionar del entonces Gómez Fuentes, de la televisión pública en la época del Proceso, son los que más beneficios reciben del gobierno kirchnerista", dijo Camaño, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Se destaca, así, el común denominador: espacios con muy baja audiencia, que no se condicen con la potente pauta publicitaria que reciben del Gobierno.

La diputada radical Silvana Giudici, que preside la Comisión de Libertad de Expresión, afirmó que "el flujo constante de dinero para la supremacía de la voz oficial no es compatible con la diversidad de voces ni con la libertad de expresión".
Anticipó que "el 2011 será el año en que sancionaremos la ley para la distribución transparente de la publicidad oficial".

Y el diputado socialista Roy Cortina, titular de la Comisión de Cultura, concluyó: "Necesitamos que se apruebe la ley de publicidad oficial, para que cumpla el rol de informar al público y no esté al servicio de la propaganda encubierta del Gobierno, que termina subsidiando a los medios adictos".