General Pico.- Un nuevo capítulo sumó en la mañana de ayer el particular juicio que debe realizarse en esta ciudad por "fraude en perjuicio de la administración pública" que tiene como imputados al ex intendente alvearense Oscar Pepa, a su ex secretario Omar Ghisio, y dos empresarios de la construcción identificados como Jorge Rodríguez y Andrea Bensi.

Precisamente, en la mañana de ayer llegó hasta Tribunales el abogado neuquino Hernán Elizondo, defensor de Rodríguez, para notificarse una nueva postergación que el esperado debate sufrió en las últimas horas, a raíz de distintos planteos de nulidad y prescripción, presentados por la defensa de Ghisio, a cargo del abogado Armando Figueira Huergo.

Los mismos fueron denegados recientemente por el tribunal de la Cámara del Crimen y "apelados" ante el Tribunal de Impugnación Penal de la Provincia.

Elizondo se prestó al diálogo con cronistas presentes en Tribunales, y destacó en sus dichos que esperará el resultado de la apelación, pero consideró que la causa llegaría en el futuro hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Igualmente, destacó que su defendido "sólo suscribió el contrato de obra que se ejecutó hasta que los fondos de Nación lamentablemente no siguieron girándose" y que ese es el "único motivo por el cual la obra no se terminó".

En tanto, agregó que junto a Rodríguez esperan que el juicio se realice de una vez por todas, ya que "pesa hace más de 9 años un cargo que nosotros estamos absolutamente convencidos que es injusto. Queremos resolver esta situación de una vez y para siempre", tiró.

Terceras personas

En tanto, añadió que la acusación contra Rodríguez se realizó por ser apoderado de la empresa ILKA (una de las dos contratadas), y en ese marco opinó que "es ilógica porque se está acusando a alguien que actuó en nombre y representación de terceras personas, que a su vez nada le reclamaron sobre su actuación frente a la relación contractual que los unía".

"Por lo tanto, cada acto que él ejecutó no lo hizo en primera persona o en su nombre, sino sobre la base del poder y el mandato que le habían concedido terceras personas para llevar adelante la ejecución de la obra", tiró.

Y finalmente, resaltó que "desde el inicio de la investigación el propietario de la empresa Ilka Construcciones (Luis Moldovan) estuvo mencionado" en la causa. Y apuntó que el reconocido empresario en su momento "fue indagado, pero sobreseído en la instrucción", por lo que no figura entre los imputados.

Por lo tanto agregó que considera "absolutamente apresurado" el sobreseimiento de Moldovan. E incluso tiró que "en realidad debería estar acá tal vez él, a tratar de dar alguna explicación".

Asimismo, remarcó que a Moldovan se lo citará como testigo cuando, en algún momento, se debata la causa Nº 14.551/2006, que componen 14 cuerpos.

En la misma se busca establecer porqué en febrero de 1999 se contrató para Intendente Alvear una obra de "red cloacal domiciliaria y planta de tratamiento de líquidos cloacales" por un monto de 18.350.049,80 pesos-dólar, cuando el valor real era de $ 6.566.485,92, según estableció un informe de la Sindicatura General de la Nación. Aquí, los principales imputados son Pepa y Ghisio.

Mientras que otro tema a debatir es porqué las empresas contratadas, a cargo de Rodríguez y Bensi, abandonaron la obra con sólo un poco más del 50 % de ejecución, dejando a la localidad prácticamente intransitable, a causa de zanjas, pozos y asfalto roto.

La Fiscalía tiene acreditado que existió un "manejo irregular" de los fondos que Nación giró de los ATN (Aporte de Tesoro Nacional) para la obra en cuestión; y que la importantísima suma de dinero sufrió un "destino diferente" para el que fue enviado.