Publicado: 26-04-2012

Capital Federal.- La producción de petróleo viene cayendo desde hace 14 años y la de gas desde hace siete, las reservas se desmoronaron estrepitosamente desde hace una década. Las importaciones han adquirido un volumen insostenible.

La apuesta a reservas no convencionales (shale gas y shale oil) anunciadas en los últimos tiempos no fueron suficientes.

La rentabilidad de las siete multinacionales que concentran el 92% de la producción de petróleo es escandalosa.

Por lo tanto, la recuperación del poder de decisión en YPF por parte del Estado constituye un paso adelante en la creación de una herramienta para im-plementar una política energética de contenido nacional que regule y controle el mercado de hidrocarburos; garantice el abastecimiento interno y defienda el bolsillo de los argentinos.

Apoyamos en general esta decisión, que consideramos correcta y necesaria, y proponemos en el tratamiento en particular dos aspectos: el primero que las acciones no sean sólo para las provincias petroleras. Resulta contradictorio plantear la integración de todas las provincias en el Consejo Federal de hidrocarburos encargado de formular una política concertada, y a la vez excluir a las provincias no petroleras de las potenciales utilidades.

Esta modificación no va en desmedro de los intereses de las provincias petroleras, que ya tienen importantes beneficios como titulares de los recursos cobrando las regalías.

La segunda modificación está relacionada al funcionamiento de la YPF que demanda la sociedad: que sea transparente y eficiente. Vamos a pedir que se incorpore un artículo donde quede expresamente establecido el rol de control de la Auditoría General de la Nación de los funcionarios y dineros públicos, porque si bien sigue siendo una sociedad anónima, tiene una participación mayoritaria del Estado.

Esta decisión del Gobierno es la contracara de la equivocada política llevada adelante en los últimos años, que profundizó y consolidó la política energética del neoliberalismo, y que hizo eclosión en un escenario de importaciones crecientes.

La recuperación de YPF debe ser el punto de partida para avanzar en la formulación de un nuevo rol del Estado en materia de política energética.

Política que deberá garantizar con el Estado como rector, el abastecimiento interno, el aumento de las reservas, la defensa de los consumidores, el cumplimiento de las inversiones y los contratos vigentes, la promoción de la exploración, la derogación de las normas desreguladoras de los 90, la apuesta decidida por la diversificación de la matriz energética y la derogación de la ley de hidrocarburos de Qnganía y su sustitución por un nuevo marco regulatorio que garantice la explotación racional y sustentable de los recursos.

La aprobación por parte de Congreso de esta ley que recupera el poder del Estado en el manejo de YPF es apenas el inicio para revertir la dramática realidad que comenzó con la privatización hace 20 años. Hacia adelante será necesaria la definición de una política de Estado que garantice el desarrollo del sector al servicio del interés nacional.