Según Transparencia Internacional (TI), en los últimos años, la cantidad de denuncias por corrupción en España se convirtieron en “abrumadoras” y la situación se tornó “insostenible”. Partiendo de este diagnóstico, la ONG realizó una suerte de receta con 20 medidas para que los partidos políticos adopten una actitud “mucho más firme” que ayuden a “atenuar el evidente nivel de indignación de la ciudadanía”. 

Uno de los primeros pasos que propone TI es que las instituciones políticas detallen en sus páginas web todos sus gastos, ingresos y bienes patrimoniales. Asimismo, incita a todos los partidos a publicar en Internet el informe de auditoría anual del Tribunal de Cuentas en el plazo máximo de un año desde el cierre contable.

Continuando con el organismo de control español, TI pide modificar la ley orgánica del Tribunal de Cuentas para "despolitizarlo" y que sus consejeros no sean nombrados por acuerdo de los partidos políticos, sino "por criterios técnicos, de mérito y capacidad". Además propone reducir a cinco el número de miembros del Tribunal.

En cuanto a los gastos electorales, Transparencia Internacional pide que se controle "estrictamente" el cumplimiento de los límites en los mismos y que se impongan sanciones a todos los partidos que los incumplan.

Con respecto a las donaciones y préstamos que reciben las agrupaciones partidarias, la ONG insiste en la necesidad de dar publicidad a los préstamos otorgados y prohibir por ley que las entidades financieras puedan condonárselos. En cuanto a las donaciones, propone prohibir tanto a los partidos como a las fundaciones asociadas a ellos, recibir contribuciones de todas aquellas empresas o personas jurídicas que estén vinculadas con algún tipo de subvención pública. 

Por otro lado, solicita que se tipifique jurídicamente el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, el cual todavía no existe. Sobre este punto, tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) están de acuerdo en que se incorpore al Código Penal.

Siguiendo el mismo eje, cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe conllevar la inhabilitación por un largo período para volver a ocupar un cargo público, insiste TI.

Otro de los pasos que se plantea es que se establezca un "procedimiento normalizado de auditoría interna" por parte de los partidos políticos y que la misma se haga pública. También exige que sea obligatorio publicar y debatir en el Parlamento todos los casos de alto endeudamiento y "posible situación de quiebra o claro desequilibrio" que puedan tener las agrupaciones partidarias.

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, la ONG reclama la modificación del sistema electoral "para que el ciudadano tenga una mínima capacidad de decisión" a través de listas abiertas en las los españoles puedan excluir o cambiar, al menos, el orden de alguno de los candidatos de la lista.

Apartar del partido a todos los procesados por corrupción, es otro de los ítems de la receta. Es decir, cualquier cargo público deberá ser expulsado cuando se abra juicio oral o haya un escrito de acusación del fiscal. Es un paso posterior a la imputación. El PP y el PSOE también están de acuerdo en este punto.

Transparencia Internacional aconseja limitar los mandatos para evitar que la política "sea un modus vivendi" (del latín: modo de vivir). 

Por su parte, los ciudadanos que denuncien posibles casos de corrupción deben estar amparados por una ley de protección jurídica similar a la que existe en otros países, reclama la ONG.

La política de concesión de indultos debe ser "más estricta", afirma TI, y en cualquier caso, nunca debe aplicarse a corruptos.

Uno de los últimos puntos se refiere a la educación. Es que se propone introducir en el sistema educativo "materias y contenidos éticos, de valores y contra la corrupción".

Por último, Transparencia Internacional solicita a los partidos a llegar a un gran acuerdo o pacto general contra la corrupción para "corregir y encauzar la grave situación y la alarma social actualmente existente".