Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción para ser conmemorado cada 9 de diciembre, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzó un documento con diez puntos urgentes que deben marcar la agenda de políticas públicas de nuestro país en la materia.


En primer lugar, la ONG propone “transparentar y mejorar el sistema de compras y contrataciones del Estado”. La regla general para la selección de oferentes debe ser la licitación pública. Sin embargo, en la práctica también se verifican procesos alternativos, como la compra directa, que solo debe proceder en casos excepcionales.

Por eso, para reducir las oportunidades de desvíos indebidos en la administración de los fondos, resulta necesario, en primer lugar “limitar al máximo la utilización de estos mecanismos alternativos a la licitación púbica”. El informe agrega además, que es imprescindible “hacer transparente la información relativa a las contrataciones” y que sean de fácil acceso para la ciudadanía. 

El segundo punto que se destaca es la necesidad de “garantizar la transparencia y la equidad en el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales” para fomentar una política de mejoramiento en la calidad democrática. 

ACIJ propone la “reducción de los gastos máximos de las campañas electorales” y la sanción de una norma que “regule el manejo de la publicidad oficial”. 

“Publicar la evolución del patrimonio de los funcionarios y su grupo familiar, y garantizar la íntegra implementación de la normativa de ética pública” es el tercer ítem que propone el documento de trabajo.

La Ley de Ética Pública implica publicar en internet la totalidad de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo la información correspondiente a la familia. Se trata de una normativa para mejorar las posibilidades de “detectar situaciones de enriquecimiento ilícito, incompatibilidades y conflictos de interés”.

El cuarto punto para una agenda contra la corrupción es “limitar el uso de facultades extraordinarias sobre el gasto público y promover la transparencia presupuestaria”. 

La información sobre la asignación y ejecución presupuestaria es procesada a través de sistemas de software digitales que obstruyen la disponibilidad a la ciudadanía, a los integrantes del Poder Legislativo y a los organismos de control.

En consecuencia, resulta necesario implementar mecanismos de visualización de la ejecución presupuestaria, de manera que pueda ser accesible para todos los ciudadanos.

Del mismo modo, el informe insta a “fortalecer el funcionamiento de los organismos de control y ejecutar políticas de coordinación entre éstos”. 

“Es necesario instalar políticas de transparencia activa en los órganos de control, así como dotarlos de autonomía funcional y presupuestaria, de modo que puedan desempeñar su rol de controlar bajo los principios de independencia, oportunidad, integridad y eficiencia”. 

ACIJ expone también “mejorar las condiciones del Poder Judicial para la persecución penal de la corrupción”. Resulta imprescindible llevar adelante “políticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en la Justicia; avanzar en las reformas penales y procesales penales; permitir el acceso público a las actuaciones judiciales y habilitar la querella colectiva por parte de organizaciones de la sociedad civil para este tipo de casos”. 

Cuando se habla de corrupción suele pensarse solamente en los funcionarios públicos como sus ejecutores y beneficiarios. Sin embargo, la corrupción también está presente en el sector privado. Por eso, es necesario poner en práctica mecanismos eficaces de control y sanción sobre el sector privado, así como el dictado de normas que tiendan a “transparentar el mercado financiero y permitan visualizar los flujos de capitales” para luchar contra el lavado de dinero. 

El octavo punto del trabajo de la organización civiel dice: “Asegurar la transparencia en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales”. Para ello, el PL debe instaurar procesos que permitan detectar conflictos de interés, acceder a información relevante vinculada a las decisiones de los legisladores y a los actos administrativos que dictan las Cámaras; los ingresos directos e indirectos de los funcionarios; los subsidios y becas; manejo del personal, entre otras cuestiones. 

“Sancionar la adeudada Ley de Acceso a la Información Pública” es un factor clave que propone ACIJ. Es que Argentina es uno de los pocos países que carece de esta normativa.

Resulta indispensable la sanción de dicha ley que incluya “no solo el suministro de la información a la ciudadanía, sino también la implementación de políticas de transparencia activa y el manejo adecuado de archivos estatales”. 

El último punto hace hincapié en “reformar los procesos de toma de decisiones públicas hacia modelos de participación ciudadana”. Es decir, propiciar iniciativas de colaboración activa de la ciudadanía con las instituciones públicas que favorezcan la “auditoría social”. “La sanción de una Ley de Participación Ciudadana representaría un avance en esta materia”, asegura el informe de ACIJ.