Un fallo del Tribunal de Cuentas (TC) de Catamarca ordenó que varios ex funcionarios devuelvan $2.880.000 en forma solidaria. La causa, la compra de aerogeneradores que se instalaron en el Cerro Ancasti. Un proceso que estuvo lleno de irregularidades, según los informes del organismo. 

El fallo del Tribunal corresponde a un sumario por responsabilidad elaborado a partir de distintas auditorías llevadas a cabo por el organismo. El sumario arrancó en 2009 a partir de una denuncia presentada por dos ex diputados. Según el organismo de control catamarqueño, las irregularidades se registran desde que comenzó el proyecto.

Las auditorías cuestionaron que la compra de los aerogeneradores se realizara en medio de una emergencia energética, en 2008. Para el Tribunal, esa situación impidió que se adquiriera el equipamiento a través de una licitación, con la correspondiente compulsa de precios.

Además, consideró que la compra no resultaría relevante en términos de mejora de un servicio eléctrico que se encontraba atravesado por una crisis.

Las auditorías establecieron que esos mismos aparatos tenían en el mercado internacional un valor de €35 mil, mientras que el gobierno catamarqueño los adquirió en €57 mil. Es decir que abonaron €88.0000 más.

También “se cuestionó que no se haya hecho un estudio del recurso eólico en la provincia antes de adquirir los equipos”, afirma el diario local El Ancasti. Para los auditores del TC, el estudio era un "requisito ineludible" para determinar la viabilidad de la compra.

El Tribunal remarcó, por otra parte, que los aerogeneradores no aportaron la cantidad de energía que el proyecto presentado originalmente establecía (de por sí era baja), sino que tampoco funcionaron de manera normal. Según el informe publicado por el diario catamarqueño, "la cantidad de energía generada no solo fue escasa, sino también con claras deficiencias en la calidad del producto técnico". 

En lo que tiene que ver con la empresa proveedora, un informe da cuenta de que CM Sudamericana tenía un capital social de apenas $12.000, cuando la obra que llevaría a cabo era superior a los $2.500.000. De hecho, fue la primera operación que realizó la firma, es que no contaba con "experiencia" para este tipo de tareas dado que su actividad principal se ubicaba en los "servicios inmobiliarios". 

El TC también cuestionó que la compañía haya cobrado adelantos financieros y certificaciones de obra cuando no se registró avance físico. Por eso, recae la responsabilidad sobre las autoridades, a quienes acusa de no haber establecido requisitos y exigencias indispensables. Además, hubo deficiencias en el mantenimiento de los aerogeneradores. 

El fallo del ente catamarqueño establece que el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña; el ex subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante; el ex director de Infraestructura energética, Eduardo Tomassi, y la ingeniera e inspectora de obra, Carola Julieta Ramos Caro, deben devolver en forma solidaria $2.880.000. 

A su vez, el organismo estableció multas para Acuña, Assante y Tomassi con 25 días del haber del cargo en el que se desempeñaban al momento de producirse el hecho. Esto equivale a $10.036 para Acuña; $8.832 para Assante; y $7.629 para Tomassi. Ramos Caro, por su parte, debe abonar $4.388.