Existe la Ley, pero los ciudadanos no saben ejercerla
Una revista española señala que es necesario enseñarle a la ciudadanía a preguntar para que puedan aprovechar los datos que hay detrás de los portales de transparencia.
Así como nuestro país, España también es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y para ello está ejecutando su tercer Plan de Acción con el objetivo de crear una mayor apertura de las administraciones y gobiernos en colaboración con la ciudadanía.
En este marco, la revista española Compromiso Empresarial, señala los principales puntos a la hora de diseñar políticas públicas para avanzar en la transparencia.
Uno de ellos es “enseñar a las personas a preguntar y ejercer el derecho de acceso a la información pública”.
Es que los ciudadanos “aun no son conscientes de toda la información que hay detrás de los portales de transparencia”. La principal causa se debe a que “falta de saber manejar la ley”, tanto por los españoles como por las instituciones.
De esta manera, habría que pensar si los argentinos aprovechamos la potencialidad de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia den 2017.
Otra de las cuestiones que se plantea es que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que luchan por la transparencia y el acceso a la información se concentran en Madrid, lo que deriva en que las acciones y actividades en pos de la transparencia “se dirijan mayoritariamente hacia la administración central del Estado”, mientras que los ayuntamientos y las comunidades autónomas “reciben menos atención”.
Por otro lado, sugieren “mejorar la organización transversal” para atender la creciente demanda de información pública.
Sobre este aspecto, la revista pone de ejemplo el caso del gobierno argentino que creó el Ministerio de Modernización que “cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en materias diversas como antropología, informática, tecnología, ciencia política y comunicación”, entre otros, cuya labor consiste en “pensar cómo mejorar la administración y desarrollar políticas que impulsen los avances en cualquier servicio y a todos los niveles”.
Por último, se menciona a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como herramienta fundamental para la innovación pública y, además, para ahorrar costos.
De este modo, “es necesario enseñar metodologías que permitan innovar”, por ejemplo, realizar cursos dentro de la administración sobre cómo utilizar el design thinking para prototipar servicios públicos o mejorarlos.
