La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró el documento Transparencia y Análisis Presupuestario de las Políticas de Salud Mental con Enfoque de Derechos, con el objetivo de brindar información sobre la falta de transparencia del sistema de salud mental en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al analizar el presupuesto total destinado a servicios de salud mental durante el 2015, el informe advierte que los hospitales monovalentes “absorben el 77% del presupuesto original”. De este porcentaje, un 28% es destinado al Borda, otro 28% para el Moyano, el Tobar García recibe el 11% y el Alvear el 10%. 

El 23% restante del presupuesto se divide en un 7% a los centros de salud que ofrecen atención especializada pero ambulatoria, al Hospital Ameghino (5%), a las políticas sociales en adicciones (5%), a los talleres protegidos (4%) y al Centro de salud Hugo Rosario (2%). 

Acceso a la información 

El documento afirma que la Dirección de Salud Mental (DGSM) “no responde a los pedidos de información, o los responde de forma insuficiente y vaga”. 

El caso más paradigmático se dio cuando los especialistas de ACIJ buscaron indagar con mayor precisión sobre las políticas y los programas existentes. Frente a este pedido, el organismo respondió: “Atento lo requerido se informa que se llevan a cabo distintas políticas de salud mental bajo un adecuado y buen número de programas”. 

Otro caso que se destaca es el pedido de información sobre diferentes aspectos de la política psiquiátrica a hospitales como el Alvear, el Borda, el Ameghino y el Ramos Mejía. 

Esta vez, la DGSM no dio una respuesta vaga –como en el caso anterior-, sino que decidió no responder el pedido de ACIJ, quienes -tras meses de insistencia infructuosa- decidieron iniciar una acción judicial en la que se demandó al Estado local. 

Frente a esta situación, el relevamiento asegura que la ciudadanía “debe contar con datos detallados, completos y veraces sobre la situación del sistema de salud” porque estas instituciones “manejan grandes cantidades de recursos y proporcionan servicios que son de gran trascendencia”. 

En este sentido, la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) establece en su art. 35 “la realización de un censo en todos los centros de internación psiquiátrica del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, situación judicial, social y familiar, etc.” 

Sin embargo, este censo no fue realizado y “fue reemplazado” por la creación del Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, el cual “no cumple con la finalidad buscada por el censo”. 

Si se analiza la información que difunde la Dirección de Salud Mental en su sitio web, se advierte que todos los datos se relacionan solo con “explicaciones en torno a la oferta de los programas”. Es decir, “no existen políticas de transparencia que faciliten el acceso a la información pública”.

El documento de ACIJ propone parte de la información valiosa que debería ser de acceso público: la cantidad de pacientes atendidos por cada hospital; las duraciones promedio de las internaciones; la cantidad de personal asignado a cada centro de salud por profesión; el presupuesto que se destina a casa hospital y programa y sus niveles de ejecución; la totalidad de compras y contrataciones que se llevan adelante; entre otras cuestiones. 

Compras y contrataciones 

Como se mostró al principio de la nota, la mayor parte de los recursos asignados a salud mental se destinan a sostener los cuatro hospitales monovalentes. 

Por ejemplo, el presupuesto fijado para servicios de internación en el Hospital José T. Borda para el 2015 fue de $159.573.438. 

De este importe, ACIJ indicó que considerando que el neuropsiquiátrico cuenta con 789 camas disponibles, cada una de ellas le cuesta al Gobierno de la Ciudad unos $202.247 anuales, lo que representa una suma mensual por cama de $16.854. 

La gran cantidad de dinero que se destina actualmente a estas políticas “deben someterse a un escrutinio especialmente cuidadoso que incluya mecanismos transparentes, competitivos y no arbitrarios de contratación y selección de oferentes, así como instancias de control adecuadas por parte de los organismos especializados y la ciudadanía en general”. 

A los efectos de determinar el modo en que se llevan adelante las compras y contrataciones por parte del gobierno porteño, la Legislatura de la Ciudad sancionó en 2006 la Ley Nº 2.095 que establece la regla general de la “licitación pública como procedimiento adecuado para la selección de contratistas, solo dejando la posibilidad de mecanismos alternativos de determinación de oferentes para supuestos particulares que debieran tener carácter sumamente excepcional”. 

Sin embargo, el informe asegura que “los niveles de cumplimiento de licitaciones públicas se redujeron drástica y alarmantemente”. 

Tanto es así que, por ejemplo, en el Borda reconocieron que en los últimos años “no realizaron licitación pública alguna respecto de las compras y contrataciones que ésta realiza per se”. En otras palabras, la totalidad de las contrataciones se realizaron eludiendo al procedimiento que debe ser de particular excepción, por cuanto “no garantizan los niveles de transparencia”.